José María Morelos.— Un nuevo caso de violencia infantil registrado en este municipio encendió nuevamente la discusión sobre los métodos de disciplina en comunidades de la Zona Maya, luego de que un niño de 10 años fuera presuntamente golpeado por su padre como castigo por no cumplir con una tarea escolar.
De acuerdo con el parte oficial, alrededor de las 15:39 horas del lunes, elementos de Tránsito y del Grupo Especializado en Atención a la Violencia Familiar y de Género (GEAVIG) fueron alertados sobre la presencia de un menor con lesiones visibles en los brazos, en inmediaciones del centro de la ciudad.
Al ser entrevistado, el menor —identificado por sus iniciales A.E.D.V.— relató que su padre lo golpeó con la mano y con un bejuco, una vara flexible de origen vegetal común en entornos rurales, utilizada a menudo como castigo físico. El niño indicó que huyó de su domicilio para evitar seguir siendo agredido.
Una mujer que se identificó como su tía confirmó a las autoridades que el menor había sido reprendido físicamente por su progenitor, aparentemente como sanción por no entregar una tarea escolar.
El caso fue canalizado ante la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del DIF municipal, donde se brindará atención psicológica al menor y se dará seguimiento legal para determinar responsabilidades.
Este incidente vuelve a colocar en el centro del debate una práctica que persiste en algunas comunidades: el castigo físico como forma de corrección. Aunque aún es percibido por muchos como parte de la crianza tradicional, organismos defensores de los derechos de la infancia y autoridades insisten en que ningún tipo de violencia es justificable, incluso cuando proviene del entorno familiar.
Las instituciones han reiterado el llamado a madres, padres y tutores a adoptar modelos de crianza basados en el respeto, el diálogo y el acompañamiento emocional, así como a buscar orientación profesional ante dificultades educativas o conductuales.
Por el momento, el menor se encuentra bajo resguardo de las autoridades competentes, en tanto se determina su situación legal y familiar.
