“Es fundamental que se evite el colapso de los sistemas sanitarios nacionales, habida cuenta de la explosiva repercusión que eso podría tener en términos de muerte, sufrimiento y ampliación del contagio”, afirmó Bachelet. “En este momento decisivo, las sanciones sectoriales deberían atenuarse o suspenderse, tanto por razones de salud pública como para reforzar los derechos y defender las vidas de millones de personas en esos países. En un contexto de pandemia mundial, las medidas que obstaculizan la atención médica en cualquier país incrementan el riesgo que todos afrontamos”.
“Las exenciones humanitarias ajenas a las sanciones deberían aplicarse de manera más amplia y eficaz, mediante la autorización rápida y flexible de suministro de equipos y material médico”, dijo la Alta Comisionada.
Por ejemplo, en Irán, donde al menos 1,800 personas han fallecido ya a causa del COVID-19, los informes de derechos humanos han insistido reiteradamente en la repercusión de las sanciones sectoriales sobre el acceso a equipos y medicamentos esenciales, incluidos los respiradores y el material de protección que necesitan los trabajadores sanitarios.
Desde que se detectaron los primeros casos de COVID-19, hace cinco semanas, más de 50 médicos iraníes han fallecido a causa del virus. La epidemia que afecta a Irán está propagándose a países vecinos, lo que aumentará la presión sobre los sistemas sanitarios en países como Afganistán y Pakistán.
Asimismo, una amplia gama de sanciones podría obstaculizar los esfuerzos sanitarios en Cuba, la República Popular Democrática de Corea, Myanmar, Venezuela y Zimbabwe, señaló Bachelet. “En la mayoría de estos países los sistemas sanitarios se encuentran en situación de debilidad o fragilidad. El progreso en la defensa de los derechos humanos es fundamental para mejorar esos sistemas, pero las medidas que obstaculizan la importación de suministros médicos esenciales, -entre otras el exceso de celo de los bancos en el cumplimiento de las sanciones-, causarán perjuicios duraderos a las comunidades más vulnerables. La población de esos países no es responsable en modo alguno de las políticas que han motivado las sanciones y, en diverso grado, ya han tenido que vivir en condiciones muy adversas durante largos periodos”.
En Venezuela, algunos hospitales experimentan cortes regulares de agua y electricidad, así como carencia de medicamentos, equipos, jabón y desinfectante. Aunque esta situación ya existía antes de las sanciones, la atenuación de éstas permitiría una mayor asignación de recursos para tratar y prevenir la epidemia.
“Es de especial importancia la protección de la salud de los propios trabajadores sanitarios y las autoridades nunca deberían sancionar a los profesionales de la medicina porque estos señalen las deficiencias de que adolece la respuesta a la crisis”, declaró Bachelet. “Los médicos, el personal sanitario y todos los empleados de los servicios de salud se encuentran en la vanguardia de esta lucha y nos protegen a todos”.
La Alta Comisionada instó a la unidad de los dirigentes mundiales. “La cooperación y la solidaridad internacionales son fundamentales en todo momento para promover los derechos humanos; y ahora también son vitales para promover los intereses nacionales de cada país”.
Bachelet señaló que los países sancionados deberían proporcionar información transparente, aceptar las ofertas de asistencia humanitaria y dar prioridad a las necesidades y los derechos de los sectores más vulnerables de la población. Además, deberían aprobar medidas que ofrezcan a las organizaciones nacionales e internacionales las garantías necesarias para realizar su labor humanitaria sin interferencias.
“Ningún país puede combatir eficazmente esta epidemia actuando en solitario. Debemos proceder de manera solidaria, cooperativa y cuidadosa”, afirmó, en alusión al llamamiento formulado la semana pasada por el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que instó a “una acción política coordinada, decisiva e innovadora” para frenar la propagación del COVID-19.
