Por: Victoria Castro Chávez
A casi nueve años de la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en Quintana Roo, los avances continúan siendo insuficientes. Aunque en este periodo se han implementado diversas acciones institucionales, evaluaciones de organismos civiles y reportes de seguimiento coinciden en que varias de las medidas ordenadas por la Federación permanecen pendientes de cumplimiento, mientras la violencia familiar se mantiene entre los delitos de mayor incidencia en la entidad.
La AVGM fue declarada en julio de 2017 por la Secretaría de Gobernación para atender la violencia feminicida y fortalecer la protección de las mujeres. Entre las acciones planteadas se incluyeron el fortalecimiento de la procuración de justicia, la homologación de protocolos de atención y búsqueda, la capacitación de servidores públicos, así como la generación de espacios urbanos más seguros para mujeres y niñas.
Sin embargo, diversos diagnósticos han señalado rezagos en la implementación de estas medidas. Organizaciones de la sociedad civil han advertido que persisten problemas como la insuficiencia de personal especializado, la atención desigual entre municipios y prácticas de revictimización durante los procesos de denuncia, factores que continúan limitando el acceso efectivo a la justicia.
Este contexto coincide con la permanencia de la violencia familiar como uno de los principales problemas de seguridad pública en Quintana Roo. De acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BAESVIM), las agresiones físicas, psicológicas, patrimoniales y económicas dentro del entorno familiar mantienen una incidencia constante en distintas regiones del estado.
En números absolutos, el municipio de Benito Juárez concentra el mayor volumen de denuncias y reportes al número de emergencias 9-1-1, seguido por Playa del Carmen, donde el crecimiento poblacional y la expansión urbana representan desafíos adicionales para la atención institucional.
No obstante, al analizar la incidencia proporcional respecto a la población, municipios como Tulum y Felipe Carrillo Puerto presentan tasas que también generan preocupación, reflejando que la violencia familiar no es un fenómeno exclusivo de las zonas urbanas, sino una problemática que afecta igualmente a comunidades con menor densidad poblacional.
Recientemente, la Fiscalía General del Estado anunció nuevas Rutas Integrales de Atención y mecanismos de protección para víctimas, incluso sin la necesidad de presentar una denuncia formal en determinados casos. Estas acciones buscan ampliar el acceso a medidas de protección y reducir los riesgos para mujeres en situación de violencia.
Aun así, especialistas en derechos humanos y atención a víctimas consideran que el desafío principal continúa siendo el cumplimiento integral de las recomendaciones derivadas de la Alerta de Violencia de Género. Más allá de la creación de nuevos programas, sostienen que será indispensable fortalecer la coordinación institucional, garantizar presupuestos suficientes, mejorar los mecanismos de evaluación y asegurar que las acciones implementadas produzcan resultados medibles en la reducción de la violencia.
Mientras estos retos persistan, la protección efectiva de las mujeres en Quintana Roo continuará siendo una de las asignaturas más importantes para las instituciones encargadas de la seguridad, la justicia y la prevención de la violencia.
