TULUM.— El consumo de bebidas alcohólicas en espacios no autorizados se ha convertido en una práctica cada vez más común en Tulum, especialmente en puestos semifijos y ambulantes de comida, donde la normativa municipal lo prohíbe por completo. Ante esta situación, las autoridades advirtieron que intensificarán los operativos y sancionarán directamente a los comerciantes que lo permitan.
De acuerdo con el reglamento, está prohibida la venta, anuencia o consumo de alcohol en este tipo de negocios. Sin embargo, durante recorridos de inspección se ha detectado que numerosos comensales llegan con sus propias bebidas y las consumen en el lugar, lo que representa una violación que no será tolerada.
Julio Álvaro Castillo, director de Comercio municipal, hizo un llamado enérgico a los propietarios de puestos semifijos y ambulantes para que impidan esta práctica en sus instalaciones. “Se les invita a que no lo permitan, porque después se les notificará y podrán ser sancionados”, advirtió el funcionario.
Aunque no se precisó el monto exacto de las multas aplicables, el marco sancionador municipal establece parámetros de referencia. Por ejemplo, en casos de invasión de banquetas, las sanciones alcanzan hasta 25 UMAS, es decir, entre 2,500 y 3,000 pesos. En materia de bebidas alcohólicas, la Ley estatal de Quintana Roo contempla sanciones aún más severas, que van de 100 a 400 UMAS, además de la posibilidad de clausura definitiva en caso de reincidencia.
Las medidas buscan atender una problemática que afecta tanto la imagen del destino como la seguridad pública, ya que el consumo de alcohol en vía pública y en espacios no regulados puede derivar en riñas, disturbios o incidentes que ponen en riesgo a locales y turistas.
Los operativos estarán enfocados en zonas de mayor concentración turística y en áreas con antecedentes de reportes ciudadanos. Paralelamente, el Ayuntamiento trabaja en la depuración del padrón de comerciantes: de más de mil 100 permisos expedidos en años recientes, únicamente alrededor de 300 están activos y otros 200 son temporales, lo que refleja la necesidad de reforzar el control administrativo y garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales.
Con estas acciones, las autoridades buscan poner un alto a una práctica que, de persistir, podría afectar la seguridad y el orden en uno de los principales destinos turísticos del Caribe mexicano.
