Según la Organización Internacional del Trabajo, es necesario mejorar las políticas de seguridad y salud en el trabajo a escala nacional, así como los correspondientes marcos institucionales y normativos, y facilitar su integración en las medidas de respuesta frente a las crisis.
GINEBRA (OIT Noticias) – Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicado en el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, es necesario que los países pongan en marcha sistemas de seguridad y salud en el trabajo (SST) sólidos y resistentes, a fin de mitigar los riesgos que corren todas las personas en el mundo del trabajo frente a futuras emergencias sanitarias.
A tal efecto, será necesario invertir en infraestructuras de SST e integrarlas en planes generales de preparación y respuesta frente a crisis a escala nacional, con objeto de velar por la seguridad y la salud de los trabajadores y facilitar la continuidad de la actividad empresarial.
En el informe Anticiparse a las crisis, prepararse y responder – Invertir hoy en sistemas resilientes de SST se examinan la prevención y la gestión de riesgos relacionados con la pandemia, y se abordan otros riesgos de salud y seguridad asociados a la modificación de las pautas de trabajo como consecuencia de la adopción de medidas de control del virus.
También se esboza la función primordial desempeñada durante la pandemia por los marcos normativos y las instituciones de seguridad y salud en el trabajo, así como por los correspondientes mecanismos de conformidad, servicios sanitarios y de asesoramiento, provisión de información, y actividades de investigación y formación.
«No cabe una demostración más clara de la importancia que reviste contar con un entorno de seguridad y salud en el trabajo sólido y resiliente. La labor de recuperación y prevención requiere la mejora de las políticas y los marcos institucionales y normativos a escala nacional, así como su adecuada integración en los marcos de respuesta frente a la crisis», señaló Guy Ryder, Director General de la OIT.
Desde que surgió la pandemia de COVID-19 , los trabajadores de sectores específicos, en particular los de atención en caso de emergencias, la sanidad y la asistencia social, se han encontrado en una situación particularmente vulnerable frente al riesgo de infección. Según datos del informe, 7.000 trabajadores sanitarios han fallecido desde que surgió la crisis, y 136 millones de trabajadores de los servicios sanitario y de asistencia social corren el riesgo de contraer el COVID-19 en el trabajo.
Las presiones y los riesgos que ha afrontado el personal sanitario durante la pandemia también han afectado adversamente a su salud mental; uno de cada cinco trabajadores sanitarios de todo el mundo ha señalado que posee síntomas de depresión y ansiedad.
Se han producido brotes de COVID-19 en muchos otros sectores, no solo en el sanitario y el asistencial, especialmente en entornos en los que los trabajadores se encuentran en entornos cerrados o a poca distancia entre sí durante un cierto período de tiempo, así como en situaciones en las que se comparte alojamiento o medios de transporte.
Al analizar los problemas sanitarios relacionados con el enorme aumento del teletrabajo a lo largo de la pandemia, en el informe se señala que, si bien el teletrabajo ha sido primordial para limitar la propagación del virus, así como para mantener el empleo y la continuidad de la actividad empresarial y ofrecer a los trabajadores mayor flexibilidad, ha dificultado asimismo la delimitación entre horario laboral y vida personal. El 65% de las empresas encuestadas por la OIT y la Red de SST del G20 manifestaron que los trabajadores tuvieron dificultades para mantener el ánimo durante el teletrabajo.
Según se desprende de los resultados del informe, las pequeñas empresas y las microempresas han tenido dificultades con frecuencia para cumplir los requisitos oficiales en materia de SST, habida cuenta de que muchas de ellas carecen de los recursos necesarios para hacer frente a los retos planteados por la pandemia.
Gran parte de los 1.600 millones de trabajadores que desarrollan su labor en la economía informal, en particular en los países en desarrollo, han seguido trabajando pese al confinamiento y las restricciones de desplazamiento e interacción social, entre otras medidas aplicadas. Debido a ello, han corrido un elevado riesgo de contraer el virus, y la mayoría de ellos carece de protección social fundamental, por ejemplo derecho a baja o a remuneración por enfermedad.
Como se destaca en el informe, las normas internacionales del trabajo proporcionan directrices específicas sobre la forma de afrontar esos retos, y en consecuencia, de mitigar el riesgo de propagación del virus en el trabajo. Dichas normas ofrecen asimismo herramientas para implantar mecanismos de SST adecuados y velar por que los trabajadores, los empleadores y los gobiernos puedan fomentar el trabajo decente, al tiempo que se adaptan a los efectos de la pandemia en el plano socioeconómico.
Por otro lado, las normas internacionales del trabajo promueven el diálogo social como método idóneo para garantizar que los procedimientos y los protocolos se apliquen y acepten de forma eficaz.
