Chetumal.- La supuesta imparcialidad y justicia solo son slogan de membrete del Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo a cargo de Alfredo Cuéllar Labarthe, Magistrado Presidente, toda vez que, en diversas ocasiones, se ha puesto en evidencia que las resoluciones dictaminadas son para favorecer convenencieramente a intereses mezquinos, sin lograr verdaderos avances que beneficien a los quintanarroenses, sino solo a grupos de poder.
Y es que el TJAQROO (Tribunal De Justicia Administrativa Del Estado De Quintana Roo), es una institución sumisa y postrada a los pies de las órdenes Carlos Joaquín González, Gobernador del Estado, quien instruye desde el Palacio de Gobierno ubicada sobre la Calle 22 de Enero, la protección a funcionarios de su gabinete cuando estos incurren en prácticas constitutivas de delitos o violatorias a las diversas leyes establecidas.
Este hecho se confirma, por ejemplo, en el caso del reconocido empresario Sergio Zapata Vales, quien el 18 de diciembre del 2019, de acuerdo al expediente 12/2019-1SU, el Magistrado de la Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, determinó que le asiste la razón por la denuncia presentada por la empresa MADTE S.A. de C.V., de la cual es representante legal, contra la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) por la extralimitación al oponerse al proyecto de brindar el servicio de agua purificada a habitantes de Chetumal y de Calderitas y sentenció que el Ayuntamiento de Othón P. Blanco se excedió al resolver la “litis” planteada, al señalar en la sentencia que dictó que la autoridad municipal no otorgue el permiso de canalización solicitado.
No obstante, resulta que el propio Magistrado Sánchez Urrutia se excedió debido a que se sustenta en la primera sentencia que dictó la Sala Constitucional Administrativa del Estado de Quintana Roo en el expediente S.C.A./A322/2018, la cual es fue definitiva y que además en ningún momento de la escuela procesal fue invocada o presentada como prueba por las partes. Por otro lado, en diciembre pasado resolvió que Gerardo Mora Vallejo, Director de la CAPA, incurrió en un exceso al extralimitarse de sus funciones.
Esta negativa evidencia el proteccionismo a funcionarios públicos y el servilismo hacia Carlos Joaquín, la cual prevalece al interior del Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo, donde las actuaciones son para tejer una red corrupción y de impunidad hacia los funcionarios del “gobierno del cambio”, situación que provoca que los ciudadanos recurren a las instancias federales como en el caso de Sergio Zapata Vales.
Y es así que mientras en el caso particular de la empresa MADTE S.A. de C.V. la disputa legal se encuentra en revisión en los Juzgados Federales, lo cierto es que Carlos Joaquín González ordena a los magistrados a encubrir a la gente de su círculo más cercano y profundizar un boquete de impunidad en su gestión, del que él mismo asegura en sus discursos, todos los días se dedica a combatir en Quintana Roo.
