Puerto Morelos.-En la recta final de su periodo al frente del ayuntamiento de Puerto Morelos, y sin la posibilidad de repetir, Laura Fernández Piña, pretende dejar endeudadas a las siguientes 7 administraciones municipales, mediante la construcción y concesión de un Palacio Municipal.
La obra de la que hablamos es la Unidad de Servicios Administrativos Puerto Morelos “consistente en un edificio que sirva como centro de atención a los ciudadanos, oficinas administrativas para la prestación de servicios públicos del municipio”, se lee en el acuerdo aprobado por la presidenta y sus regidores.
Con un costo aproximado de 60 millones de pesos, Laura Fernández vende la idea a los habitantes del novel municipio como algo que les permitirá de servicios públicos eficaces y calidad en la atención de los ciudadanos.
Lo que la presidenta no ha explicado a sus gobernados es que el edificio que pretende construir, lo hará mediante la figura asociación público-privada, es decir, se otorgará una concesión para la construcción y administración a una empresa privada.
“La vigencia del contrato será de 20 años contados, a partir de que el desarrollador comience con la prestación de los servicios contratados”. Ese periodo rebasa por mucho, el periodo de la actual administración a la que le queda únicamente meses, ya que termina en septiembre de 2021.
El aval que tiene Laura Fernández es para celebrar actos jurídicos, administrativos y financieros, incluida la celebración de contratos que impliquen la adquisición de obligaciones a largo plazo, en términos simples, deuda pública para financiar una obra que manejará una empresa privada.
Tomando en cuenta los mínimos y máximos establecidos en el documento, en manos de este medio de comunicación, por un edificio de 60 millones de pesos, el municipio podría pagar 336 millones de pesos a una empresa privada.
“El monto de contraprestación no podrá ser superior al $1,400,000.00 (un millón cuatrocientos mil pesos, sin centavos, en moneda nacional), sin incluir el impuesto al valor agregado, pagaderos mensualmente a precios constantes del 1 (uno) de marzo de 2020 (dos mil veinte) y actualizados conforme al índice nacional de precios al consumidor o al indicador de llegare a sustituirlo”, detalla el acuerdo.
A pesar que se trata de una posible afectación de futuros ingresos del municipio, el asunto no pasó a manos del Congreso del Estado.
