TULUM.— Mientras la autoridad municipal presume una política de “cero tolerancia” contra la corrupción, la realidad exhibe un escenario inquietante: 40 carpetas de investigación abiertas contra policías de Tulum por presuntos abusos, extorsiones y actos de corrupción, pero solo dos han logrado avanzar a un proceso formal en Asuntos Internos.
El dato fue confirmado por el comandante Edgar Aguilar Rico, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Tulum. La cifra, por sí sola, revela una problemática estructural dentro de la corporación. Sin embargo, lo que genera mayor preocupación es el contraste entre el volumen de denuncias y el reducido número de casos que, hasta ahora, cuentan con sustento suficiente para proceder.
Según el propio jefe policiaco, la mayoría de las quejas no tiene “elementos suficientes” para derivar en sanciones inmediatas. En otras palabras, 38 denuncias permanecen en un limbo, sin claridad sobre su estatus real, su avance o si alguna vez llegarán a una resolución.
La pregunta es inevitable:
¿existe una corporación con decenas de elementos señalados de conductas indebidas… o un sistema de investigación que no está funcionando?
Las acusaciones no son menores. Ciudadanos han denunciado presuntos cobros ilegales, extorsiones, abusos durante revisiones, detenciones arbitrarias y actos de autoridad fuera de protocolo. Prácticas que, de confirmarse, no solo implican faltas administrativas, sino delitos.
El comandante Aguilar Rico aseguró que no habrá encubrimientos y que cualquier elemento que se compruebe actuó fuera de la ley será sancionado. Sin embargo, los números generan dudas razonables sobre la eficacia de los mecanismos internos.
Durante 2025, apenas dos policías fueron dados de baja de manera definitiva tras comprobarse su responsabilidad en delitos. Una cifra mínima frente al tamaño del problema que ahora se reconoce públicamente.
Para un municipio que busca consolidarse como destino turístico internacional, la existencia de una policía señalada reiteradamente por corrupción es un golpe directo a la imagen, pero sobre todo, a la seguridad cotidiana de sus habitantes.
La depuración policial no puede quedarse en discursos ni en estadísticas aisladas. Requiere procesos transparentes, plazos claros, resultados públicos y sanciones ejemplares.
De lo contrario, las 40 carpetas de investigación corren el riesgo de convertirse en un simple registro administrativo… y la “cero tolerancia” en una consigna vacía.
