La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA) hace un llamado a los integrantes del Senado de la República a cumplir con su función de presentar iniciativas de reforma de leyes, propuestas y puntos de acuerdo para atender los problemas que más preocupación genera en la población mexicana: la inseguridad y la procuración de justicia.
El 27 de septiembre se llevó a cabo en el Senado la comparecencia del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. En la segunda ronda de preguntas de los Grupos Parlamentarios la senadora Kenia López Rabadán le cuestionó sobre los resultados del actual gobierno en materia de seguridad. Sin embargo, más allá de la discusión sobre cuál sexenio ha sido el más violento, no se emitió en el debate ninguna propuesta viable para el combate de los delitos que atentan contra la vida humana: desaparición forzada, secuestro, homicidio doloso, feminicidios y crímenes de Estado. Por ello se les exhorta a los senadores a hacer a un lado las diferencias partidistas para llegar a puntos de acuerdo que beneficien a este propósito.
Así mismo, es necesario prestar atención a las propuestas salidas de la sociedad civil. Una de las más relevantes es la demanda de las familias de personas desaparecidas y colectivas de búsqueda, quienes se han movilizado a favor de la creación del Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF), un organismo destinado a almacenar los perfiles genéticos de las personas que han perdido a un familiar. Su mayor aportación será facilitar la identificación de los cuerpos resguardados en los Semefos de todo el país, que a la fecha suman 52 mil sin identificar.
Si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó a principios de abril una iniciativa para la formación del Centro Nacional de Identificación Forense, la Fiscalía General de la República (FGR) “ha incumplido en la concentración de información genética de las personas desaparecidas y sus familiares”, así lo denunció el sitio de investigación periodística A dónde van los desaparecidos. Ante este incumplimiento, el pasado 6 de agosto los familiares agraviados clausuraron simbólicamente las oficinas de la FGR como una forma de protesta.
Por otro lado, el portal A dónde van los desaparecidos denuncia que no hay infraestructura para obtener perfiles genéticos. Esto, sumado a la ausencia del BNDF, ha obligado a las fiscalías estatales y las autoridades federales a recurrir a una empresa privada, ADN México o Central ADN, para obtener, procesar y almacenar unos cuantos perfiles genéticos de familias de personas desaparecidas.
Las autoridades han sido rebasadas por los más de 100, 000 casos de desaparecidos, según las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas. La cuenta registra las desapariciones de los últimos 58 años, no obstante, el 97% se refiere a casos posteriores al 2006.
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, el Comité contra la Desaparición Forzada y el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzadas o involuntarias, manifestaron su preocupación tan pronto como se dio a conocer estas cifras en el mes de mayo. ¿Cómo podrá el gobierno de México atender el llamado de los organismos internacionales con una Fiscalía ineficiente?
La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas reitera el llamado a los senadores, y también a los diputados, a implementar acciones que fortalezcan la infraestructura de los organismos dedicados a la investigación de delitos contra los derechos humanos. Así mismo es urgente generar estrategias para la prevención del delito e iniciativas de ley que garanticen el buen funcionamiento de la Fiscalía General de la República, cuya inacción y torpeza afectan gravemente a la sociedad.
