Cancún, Quintana Roo.- Ha trascendido que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno Federal, mantiene una investigación contra una red de políticos del PVEM, PRI, PRD, PT y Morena (así como funcionarios de la Fiscalía de Quintana Roo) quienes al parecer mantienen nexos con la mafia rumana dirigida por Florian Tudor, alias “El Tiburón” dedicada a clonar tarjetas bancarias de turistas, al tráfico de personas para explotación sexual y a la extorsión a comerciantes.
Y es que, de acuerdo a investigaciones difundida por el medio nacional “Milenio”, indica a que en dicha lista de protección se encontraban los ex gobernadores priístas de Quintana Roo, Félix González Canto y Roberto Borge Angulo (hoy preso en un penal de máxima seguridad en el Estado de Morelos).
Además, ha relucido que personajes políticos ligados al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ex alcaldesa priístas y perredistas de la entidad, donde resalta Benito Juárez, en Cancún, ha operado con impunidad y al amparo del poder estos grupos delincuenciales. Por otro lado, también, figuran operadores de MORENA y del PT.
Esta polémica investigación a involucrado a René Bejarano, integrante de gabinete de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien fue exhibido en un documento dado a conocer el pasado mes de octubre del 2020 en el gabinete de seguridad, cuyo punto central es Tudor.
La carpeta de investigación acusan a varios colabores de René Bejarano, donde supuestamente usó el nombre de MORENA y de AMLO para cometer ilícitos de estafas a ciudadanos y empresarios de Cancún, según detalla el documento.
Por otra parte, durante la misma reunión se difundió que existe un mapa confidencial en el que se desnudan los vínculos y colaboradores de “El Tiburón”, también conocido como Rechinu, quien logró constituir en 14 estados una red de funcionarios y empresas fantasma que, según información del FBI y la DEA, le permitieron operar en al menos 15 países. El centro de sus operaciones es Cancún.
En este caso en manos del Gabinete de Seguridad, también aparecen en la red de contactos del capo rumano políticos del PT y de MORENA, figurando José Luis Jonathan Yong Mendoza, aspirante a diputado local de Quintana Roo por Morena e hijo de José Luis Yong Cruz, a quien las autoridades vinculan con el tráfico de indocumentados cubanos, y pareja sentimental de Silvia Susana González Franco, quien trabajó en la Procuraduría General de la República de 2006 a 2011, durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
No obstante, también resalta la presencia de políticos de extracción del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), donde se acusa al diputado actual en la XVI Legislatura del Congreso de Quintana Roo por tráfico de influencias, y a Laura Lynn Fernández Peña, presidenta municipal de Puerto Morelos por el Verde.
En tanto, aparecen al menos dos ex alcaldes de Cancún, también ligados al verde, estando en la mira Roberto Estrada Barba y Gregorio “Greg” Sánchez Martínez presidente municipal entre 2008 y 2010, y quien, de acuerdo con el informe al que MILENIO tuvo acceso, “es acusado por el gobierno de Argentina de presuntos delitos de lavado de dinero y evasión fiscal por la compra en efectivo de un predio campestre cerca de Buenos Aires, valuado en dos millones de dólares”.
Cabe señalar que el expediente de inteligencia cuenta con datos proporcionados por la DEA, advirtiendo al gobierno mexicano que el inicio de operaciones de las células rumanas se remonta al sexenio de Félix Arturo González Canto, gobernador de Quintana Roo entre 2005 y 2011, quien colaboró para el establecimiento de estos grupos criminales.
Félix González Canto, fue investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, detectando un desvío de fondos por 20 millones de pesos.
Posteriormente, Roberto Borge, ex mandatario ya preso, dio protección a Tudor para que continuara sus operaciones en el principal polo turístico de México durante su administración de gobierno.
A la par de las conexiones políticas, el gabinete de seguridad tiene documentada la existencia de un aparato de funcionarios de la fiscalía quintanarroense y policías locales que ayudaron en la protección al capo rumano, destacando a Pablo Mauricio Amezcua Dorador, ex director de Fiscalización de Quintana Roo y detenido en 2019 en Miami por posesión de heroína y miles de dólares en efectivo.
En ese entonces, Amezcua confesó en Panamá que se dedicaba al lavado de dinero con inversión en desarrollo inmobiliarios. La DEA lo identifica como el encargado de conectar vía Cancún-Rumania el tráfico ilícito de sustancias y la trata con fines de explotación sexual.
A su vez, Jesús Aíza Kaluf, El Sirio, quien fue subdirector de operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública en Veracruz y Secretario de Seguridad Pública en Benito Juárez, Quintana Roo, en 2014. Actualmente, conforme a las investigaciones de inteligencia del gabinete de seguridad, es accionista de tres empresas y abogó ante la Fiscalía General de la República a favor de Tudor y Adrián Cosmin, su principal socio.
A partir del 29 de octubre de 2020, el gabinete de seguridad acordó reforzar la investigación contra esta red, con lo que se logró que la Unidad de Hacienda congelara la semana pasada 79 cuentas, entre las que se encuentran las del rumano Florian Tudor, sus empresas y operadores financieros.
Es así que, como se puede conocer, figuras políticas especialmente del Partido Verde Ecologista (PVEM) en Cancún han consentido la operación de células delictivas que han operado al amparo del poder como la mafia Rumana, entregando en manos del crimen y los narcóticos a este paraíso turístico más codiciado del Caribe Mexicano.
(Fuente: Milenio)