El conflicto en torno al Parque del Jaguar, en Tulum, escaló hasta Palacio Nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum ordenó una revisión inmediata de las quejas ciudadanas sobre cobros excesivos y restricciones de acceso, instruyendo a la Secretaría de Turismo y a la SEDENA —encargada de la administración del parque— a garantizar precios justos y accesos públicos.
En respuesta, la gobernadora Mara Lezama Espinosa confirmó que ya sostuvo reuniones con la SEDENA y que el próximo lunes presentará en la Ciudad de México un proyecto integral para atender las preocupaciones de artesanos, restauranteros y prestadores de servicios locales.
“El Parque del Jaguar será un área protegida bajo las reglas de la CONANP, con accesos ordenados, cuidando el medio ambiente y apoyando a la comunidad y al turismo”, afirmó Lezama.
El caso evidencia que la protección ambiental y el desarrollo turístico en Tulum siguen en tensión, con intereses inmobiliarios, comunitarios y políticos en disputa. La intervención presidencial marca un precedente: el orden y la conservación no deben ser sinónimo de exclusión, sino de justicia y bienestar compartido.
