A tiro de piedra
Una prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad,
la prensa nunca será otra cosa que mala
Albert Camus
Julian Santiesteban
Mientras en Quintana Roo se festejaba este martes el 33 aniversario del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS), a nivel nacional se difundió un escándalo multimillonario en el que se involucra a la aun titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, en el desvío de recursos en los que habría participado justamente la institución quintanarroense que hoy estuvo de fiesta.
Sin dar montos específicos, diversos medios nacionales señalan que fueron cientos de millones de pesos los que se desviaron a través del SQCS, operaciones en las que estarían involucrados la propia Robles Berlanga y el entonces director de la instancia local, Jorge Acevedo Marín; mediante los convenios firmados en julio, septiembre y octubre de 2015, un año antes de concluir la administración de Roberto Borge Angulo –hoy recluido- y cuando a decir de los mismos trabajadores de la emblemática institución, no se les daba ni siquiera papel para poder imprimir sus notas. Eso sí, el festín de recursos estaba en la Dirección general y el gobierno estatal.
Desde temprano, el actual gobernador, Carlos Joaquín González, felicitó al SQCS por cumplir “33 años de ser la radio y la televisión de los quintanarroenses”, pero cabe también reconocer que, aunque con la alternancia en el gobierno estatal las finanzas en esa instancia se han estabilizado, las enormes carencias no se han resuelto, además de que existe una abulia marcada en la calidad y diversidad de contenidos, sea de entretenimiento o informativos, pareciera que la tendencia a desaparecer los espacios de opinión se ha mantenido en el tiempo en esa icónica instancia, forjada con la sapiencia y esfuerzo de quienes decidieron dar a los habitantes de esta entidad, un espacio a través del cual proyectar su cultura y todo lo que aquí ocurre.
El mandatario en su discurso aseguró que el SQCS será de puertas abiertas, trabajando para y con la comunidad quintanarroense, pues en su perspectiva se requiere un sistema que informe, pero también que escuche, que lo que se difunda sea objetivo y sea verdad… lo cierto es que el SQCS ha desaparecido prácticamente todos los programas de análisis, los pocos que quedan han sido reducidos en días y horas, la barra informativa se llena repitiendo por la tarde los noticiarios matutinos y las voces que muestran perspectivas diversas no han sido aceptadas. Impera la verdad oficial, esa sí.
En el evento celebrado estuvieron funcionarios y empleados, se destacó la importancia de esa institución como el foro a través del cual los quintanarroenses pueden conocer y difundir lo que en su entorno ocurre; no estuvo por cierto el titular de la Secretaría de la Contraloría estatal, Rafael del Pozo Dergal, quien desde el año pasado dio a conocer las irregularidades; como tampoco el fiscal general del estado, Miguel Ángel Pech Cen, quien pudiera hablar de las investigaciones en lo local sobre el tema; aunque cabe apuntar que los recursos “desaparecidos” son federales.
Regresando al tema inicial, la Auditoría Superior de la Federación difundió a nivel nacional que en total se desviaron mil 311 millones de pesos, aunque Robles Berlanga ya retó a medios nacionales a aportar pruebas, como si las acusaciones fueran recientes; y aunque faltará conocer los locales y las investigaciones en contra de directivos del SQCS, el 33 aniversario debiera representar una verdadera renovación de contenidos, y un ajuste de cuentas al pasado, de lo contrario, no pasará de ser una “transmisión especial” más, como las que tantas hay cada año.
COMENTARIO MORBOSO
Uno bueno, el diputado local y aspirante a la presidencia municipal de Othón P. Blanco, Fernando Zelaya Espinosa, presentó este martes una iniciativa ante la XV Legislatura, con el objetivo de posibilitar que los ciudadanos de los municipios de Quintana Roo puedan definir el destino de una parte del presupuesto destinado a obra pública.
La iniciativa del legislador pretende que, cada año, los municipios dejen parte de su presupuesto “sin etiquetar” para que los habitantes de cada lugar definan, mediante mecanismos de participación ciudadana, las obras que se realizarán. La norma puede ser perfectible, es apenas incipiente el avance, pero representa un mecanismo real de construcción de gobernanza; por cierto, si gana la elección, le tocará instrumentarla por primera vez en la capital quintanarroense; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.
