POR EDGARDO RODRÍGUEZ
APERTIO
El 20 de octubre de 1993 salió publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo el decreto número 28, mediante el cual se otorgaba la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales, así como las inversiones, ampliaciones, dotación de servicios y su mejoramiento en favor de Desarrollos Hidráulicos de Cancún S.A. de C.V., dicho de otro modo, prácticamente en esa fecha los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres vieron nacer a Aguakán.
A poco más de 30 años del inicio de la concesión de los servicios antes mencionados en favor de Aguakán y luego de miles, quizá millones de quejas en contra de la empresa privada por las múltiples fallas, altísimos costos, pésimo servicio y demás descalificativos que incluso han generado que en más de una ocasión diferentes actores políticos aseguren que terminarán con la concesión; hoy Aguakán continúa brindando o por lo menos cobrando el servicio de agua potable en los municipios de Solidaridad, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Benito Juárez.
AGUAKÁN, ¿PROPAGANDA POLÍTICA O DEUDA SOCIAL?
El pasado 22 de diciembre, la XVII legislatura de Quintana Roo que actualmente se encuentra en poder de Morena y sus aliados del partido verde y PT, abrogó el decreto 250 que fue aprobado por la XIV legislatura, que en ese entonces se encontraba totalmente en manos del PRI, mediante el cual se aprobó prorrogar anticipadamente la concesión de Aguakán hasta el 31 de diciembre del 2053, ya que dicha concesión se vence el 31 de diciembre de este año.
Sin embargo, a pesar de este decretazo que abroga otro decretazo, la XVII no tendría injerencia en la concesión de Aguakán, pues lo que se debió abrogar o cancelar es el contrato de la prestación del servicio o de la concesión, ya que el decreto 250 en términos reales, sólo era el permiso para que el ejecutivo signara el convenio, cosa que sí pasó, dicho de otro modo, prácticamente el decreto abrogado no cancela el contrato y mucho menos la concesión.
Luego entonces, ¿por qué los diputados de la XVII legislatura aprobaron abrogar el decreto 250, cuando en su momento señalaron que el poder legislativo no tenía o estaba facultado para inmiscuirse en este tema? La respuesta podría ser menos complicada que los decretos, ya que el 5 de enero del 2024 arranca formalmente el proceso electoral en Quintana Roo y, aunque por su puesto hay un clamor social y una consulta popular que sustentan la salida de Aguakán, lo cierto es que la empresa privada ya ha dicho que peleará con uñas y dientes su mega concesión hasta el 2053, por lo que en los tribunales federales e incluso internacionales, la empresa privada tendría todas las de ganar y aquí viene un dato no menor ni mucho menos que se deba pasar por alto, en caso de litigio, la sentencia de cualquier órgano jurisdiccional no saldrá antes del 2 de junio del 2024, día de las elecciones.
CLAUDENDO
En conclusión, ¿el decreto abrogado cancela la concesión de Aguakán? Absolutamente NO. Si bien no podemos negar la posible buena intención de las y los legisladores, lo cierto es que el ciudadano a pie y de pie al que afectan las altas tarifas de Aguakán y sus pésimos servicios, tendrán que seguir aguantando, al menos por unos meses o quizás años más, el paupérrimo servicio que se les brinda, por lo que ojalá está no sea otra jugada de “gatopardismo” mexicano y legislativo, es decir, hacer como que chambeamos para quedar igual, pero seguiremos el tema desde aquí, donde los agachados tienen su nido. Nos leemos en la próxima.
