TULUM.— A pesar de las severas acusaciones lanzadas públicamente por el regidor Eugenio Barbachano contra funcionarios del Ayuntamiento de Tulum por presuntos actos de corrupción, el Órgano de Control Interno del municipio informó que, hasta el momento, no existe ninguna carpeta de investigación abierta en contra de los servidores públicos señalados.
En entrevista el titular del Órgano de Control explicó que si bien las declaraciones del concejal —quien preside la Comisión Anticorrupción— han sido contundentes, no se han recibido denuncias formales ni pruebas documentales que permitan iniciar procedimientos administrativos conforme a los lineamientos establecidos. No obstante, confirmó que en los próximos días sostendrá una reunión directa con el regidor Barbachano para conocer a fondo la información que posee y determinar si las acusaciones cuentan con sustento legal y técnico suficiente para avanzar conforme al marco normativo.
La aclaración surge tras las declaraciones de Barbachano, quien recientemente denunció públicamente presuntas irregularidades cometidas por funcionarios de áreas estratégicas como Desarrollo Urbano, Turismo y Relaciones Públicas. En su señalamiento, el edil acusó directamente a Lorenzo Bernabé Miranda, Carla Andrade y María Fernanda Schroeder de favorecer intereses privados por encima del interés ciudadano y actuar fuera de los lineamientos del gobierno municipal y del partido Morena.
Uno de los casos más graves expuestos por el concejal se relaciona con el complejo condominal Maiim, desarrollado en la zona de Bahía Solimán sin contar con los permisos ambientales correspondientes. Según Barbachano, el proyecto fue autorizado de manera irregular por el entonces director de Desarrollo Urbano, Lorenzo Bernabé Miranda, y más tarde fue declarado ilegal por un tribunal federal, que ordenó su demolición tras confirmar violaciones a la normatividad ambiental y la existencia de sobornos.
Aunque el regidor ha anunciado que impulsará una reestructuración inmediata en las dependencias señaladas, el Órgano de Control Interno enfatizó que cualquier acción institucional debe sustentarse en pruebas verificables. “Estamos abiertos a colaborar con cualquier concejal que tenga indicios de irregularidades, pero el debido proceso exige formalidad, evidencia documental y apego a la legalidad”, puntualizó el funcionario.
Hasta el momento, ninguna de las personas señaladas por Barbachano ha emitido una respuesta pública a las acusaciones.
