Acapulco, Gro. El fiscal general del estado de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, dijo hoy que un funcionario público de Iguala ordenó detener en esa ciudad a los estudiantes normalistas y que un sujeto del grupo delictivo Guerreros Unidos dispuso el asesinato de los jóvenes.
En una conferencia de prensa en este puerto, Blanco subrayó, sin embargo, que aún no está comprobado que los 28 cadáveres hallados en fosas clandestinas cerca de Iguala sean del grupo de 43 normalistas reportados como desaparecidos desde hace una semana.
Indicó que, según las averiguaciones de la Fiscalía, quedó esclarecido que fue el director de Seguridad Pública de Iguala, Francisco Salgado Valladares, quien ordenó detener a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, que se encontraban en aquella ciudad el pasado 26 se septiembre.
Añadió que, de acuerdo con las mismas indagatorias, se sabe que un individuo conocido como El Chuky, del grupo delictivo Guerreros Unidos, habría ordenado el secuestro y asesinato de los jóvenes.
Un testigo dijo haber visto a 17 jóvenes detenidos en el patio de la comandancia de la policía de Iguala, quienes luego fueron trasladados en patrullas. Cámaras de seguridad confirman este hecho.
Blanco Cabrera resumió que se han detenido 26 probables responsables y se ha consignado a 29 integrantes de Guerreros Unidos. De los detenidos, 22 son policías de Iguala, a quienes ya se les dictó formal prisión y se encuentran en el penal de Las Cruces.
El fiscal expresó que por estos hechos fueron detenidas cuatro personas, a las que se liga con Guerreros Unidos, quienes señalaron que tras los hechos ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre, 17 estudiantes fueron trasladados al paraje de Cerro Viejo, donde se hallaron las fosas clandestinas con 28 cadáveres.
El fiscal confirmó que en las fosas localizadas en Pueblo Viejo, municipio de Iguala, se encontraron los cuerpos de 28 personas, algunos completos, otros fragmentados, los cuales fueron calcinados. Los restos fueron colocados sobre ramas y troncos a los que se roció un combustible (diésel, gasolina o petróleo) y se les prendió fuego.
La identificación de las víctimas tardará entre 15 días y dos meses, señaló, y explicó que peritos deberán determinar la temporalidad de la muerte. El fiscal recalcó que “debemos esperar a las pruebas periciales de genética forense” para saber si se trata de los normalistas desaparecidos. En la identificación de cuerpos participan nueve especialistas argentinos, a petición de estudiantes de Ayotzinapa.
Al sitio donde se hallaron las fosas acudió personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para observar el levantamiento de cuerpos.
Indicó que se desconoce el paradero del alcalde de Iguala con licencia, José Luis Abarca Velázquez, así como el secretario de seguridad pública municipal, Felipe Flores, por lo que se solicitó colaboración de fiscalías del país y la Procuraduría General de la República para localizarlos.
El fiscal subrayó que oficialmente siguen reportadas 43 personas desaparecidas, que son buscadas por un total de mil 800 personas entre fuerzas federales, estatales y voluntarios.
