TULUM, Quintana Roo.— Dos inspectores adscritos al área de Fiscalización del Ayuntamiento de Tulum fueron separados de sus funciones luego de que la administración municipal recibiera diversas denuncias ciudadanas relacionadas con presuntas irregularidades en el desempeño de sus actividades, informó el presidente municipal Diego Castañón Trejo.
El alcalde señaló que la decisión fue resultado de revisiones internas realizadas por el gobierno municipal tras recibir reportes sobre posibles conductas indebidas por parte de ambos servidores públicos.
Aunque las autoridades no detallaron la naturaleza específica de los señalamientos, indicaron que los casos fueron analizados por las instancias correspondientes antes de determinar la separación temporal de los trabajadores involucrados.
“Se atendieron las denuncias y se tomaron las medidas correspondientes”, expresó Diego Castañón Trejo, quien reiteró que cualquier funcionario municipal señalado por presuntos abusos, actos de corrupción o irregularidades será sujeto a investigación y revisión administrativa.
La medida se da en un contexto de fortalecimiento de los mecanismos internos de vigilancia en áreas que mantienen contacto directo con ciudadanos, comerciantes, empresarios y visitantes, con el objetivo de garantizar que los procedimientos se realicen con apego a la ley y bajo principios de transparencia.
Las autoridades municipales señalaron que la administración mantiene una política de cero tolerancia ante posibles actos que afecten la confianza de la ciudadanía o vulneren la correcta prestación de los servicios públicos.
Asimismo, indicaron que las investigaciones continuarán para determinar si existen responsabilidades administrativas adicionales o si es necesario aplicar nuevas medidas dentro de la dependencia.
Mientras concluyen los procedimientos correspondientes, los dos inspectores permanecerán separados de sus funciones, en tanto las áreas competentes emiten una resolución definitiva sobre cada caso.
El gobierno municipal reiteró su compromiso de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la atención ciudadana, asegurando que cualquier denuncia presentada por la población será atendida y revisada conforme a los mecanismos establecidos por la normatividad vigente.
