Chetumal.- La Auditoría Superior de la Federación en su informe denominado “Auditoría de Cumplimiento: 2018-A-23000-19-1587-2019 1587-DS-GF” no sólo generó recomendaciones, promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y pliegos de observaciones, sino también ordenó a la Secretaría de la Contraloría (SECOES) realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos tanto de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) y ejecutados por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), involucrados.
Hoy, en un comunicado aclaratorio, la Secretaría de la Contraloría (SECOES) señaló que la nota informativa de El Punto sobre la i, dando a conocer el mal manejo de 177 millones de pesos del Fondo Metropolitano asignados a la CAPA para su ejecución, es imprecisa.
Sin embargo, en el mismo texto, la SECOES reconoce que la ASF emitió 10 resultados, de los cuales, en 6 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado antes de la emisión de este Informe.
“Los 3 restantes generaron: 1 Recomendación, 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones”, señala en su comunicado la SECOES, copiado textual del informe de la ASF.
“Lo anterior, si bien en el informe individual hace mención que La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Quintana Roo o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no reintegraron a la TESOFE, al 31 de marzo de 2019, los recursos (…) dichos resultados no han sido notificados de manera oficial a este Órgano Estatal de Control, para la apertura de la carpeta de investigación y realizar las acciones correspondientes contra quien o quienes resulten responsables”.
En el comunicado, la SECOES omite o intenta ocultar que, si bien el protocolo formal sería esperar un oficio de la ASF para iniciar las investigaciones, es su responsabilidad fiscalizar a todos los servidores públicos, todos los programas, obras y acciones de gobierno, al ser, como afirma un Órgano Estatal de Control interno del Gobierno de Quintana Roo.
De acuerdo al informe de la ASF, la primera observación fue en el propio control interno, en donde “se evaluó la documentación comprobatoria obteniendo como resultado un promedio general de 43 puntos, de un total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubicó a la CAPA en un nivel medio”, es decir, ni el 50 % por ciento de aprobación.
Aquí se le recomendó a que “el Gobierno del Estado de Quintana Roo revise y, en su caso, actualice la normatividad en materia de control interno con la finalidad de establecer las estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de algunas actividades y así garantizar el cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que permitan establecer un sistema de control interno consolidado”.
El segundo punto que la ASF observó fue el destino de los recursos, y estableció que “se generaron rendimientos financieros en la cuenta bancaria de la SFP (Sefiplan) por 11 mil 100 pesos, de los cuales reintegró a la TESOFE 4 mil 200 pesos; asimismo, en la cuenta de la CAPA, se generaron rendimientos financieros por 13 mil 600 pesos, de los cuales traspasó a la cuenta de la SFP 3 mil 100 pesos; cabe mencionar que la SFP reintegró a la cuenta bancaria del Fideicomiso 3 mil 100 pesos de rendimientos financieros de la cuenta de CAPA; por lo anterior, tienen pendiente de reintegrar a la TESOFE rendimientos financieros por 20 mil 500 pesos (CAPA 10 mil 500 pesos y la SFP 10 mil pesos), en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (sic)”.
Aquí la Auditoría emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria “para que la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Quintana Roo o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no reintegraron a la TESOFE, al 31 de marzo de 2019 (sic)”.
Además, en este mismo punto la Auditoría hizo el siguiente Pliego de Observaciones. “Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 20,528.26 pesos (veinte mil quinientos veintiocho pesos 26/100 M.N.), debido a que no reintegraron a la TESOFE, al 31 de marzo de 2019, los rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias donde se recibieron los recursos del Fondo Metropolitano, más las actualizaciones generadas desde la fecha en que debieron realizar el reintegro hasta la de su recuperación, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (sic)”.
En el punto cinco, la ASF señaló que “La Sefiplan recibió del Fideicomiso del Fondo Metropolitano 2018 los recursos autorizados por 178,876.8 miles de pesos de los cuales, al 31 de diciembre de 2018, comprometió a través de la CAPA un importe de 178,559.5 miles de pesos que representan el 99.8% de los recursos transferidos, dejando como no comprometido un monto de 317.3 miles de pesos que representa el 0.2% de los recursos transferidos.
“La Sefiplan reintegró a la cuenta del Fideicomiso los 317.3 millones de pesos no comprometidos, los cuales debió reintegrar a la TESOFE. Asimismo, la CAPA (sic) faltó por amortizar, al 31 de marzo de 2019, 53,384.3 millones de pesos, los cuales deberá reintegrar a la TESOFE; además, la CAPA, al 31 de marzo de 2019, no pagó 124,569.4 millones de pesos de recursos comprometidos al 31 de diciembre de 2018 los cuales deberá de reintegrar a la TESOFE. Cabe señalar que no se identificó la formalización con la SHCP del convenio de coordinación para la asignación de los recursos del Fondo Metropolitano 2018, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (sic)”.
Por este motivo, nuevamente la ASF hizo otra Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, “para que la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Quintana Roo o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no reintegraron a la TESOFE los recursos no comprometidos no amortizados y no pagados a más tardar el 31 de marzo de 2019 (sic)”.
En el Pliego de Observaciones la ASF estableció. “Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 177,953,650.83 pesos (ciento setenta y siete millones novecientos cincuenta y tres mil seiscientos cincuenta pesos 83/100 M.N.), debido a que no reintegraron a la TESOFE los recursos no comprometidos no amortizados y no pagados al 31 de marzo de 2019, más los rendimientos financieros generados desde la fecha en que debieron realizar el reintegro hasta la de su recuperación (sic)”.
En el apartado de Transparencia, en el punto 10 la ASF estableció
“Montos por Aclarar
Se determinaron 177,974,179.09 pesos pendientes por aclarar.
Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Vigilancia y rendición de cuentas.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 10 resultados, de los cuales, en 6 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron: 1 Recomendación, 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones”.
Y en el dictamen final la Auditoría Superior de la Federación informa que revisó una muestra de 178,559.5 millones de pesos que representó el 99.8% de los 178,876.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Quintana Roo mediante los Recursos Federales Transferidos a través del Fondo Metropolitano.
La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, (Gobierno de Quintana Roo: Sefiplan y CAPA) de cuya veracidad es responsable.
Al 31 de diciembre del 2018, el Gobierno de Estado de Quintana Roo no había comprometido el 0.2% de los recursos transferidos y, al 31 de marzo de 2019, había devengado y pagado el 0.1% y no había devengado el 99.7% de los recursos comprometidos.
En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 177,974.2 millones de pesos, el cual representa el 99.7% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en las promociones de las acciones correspondientes.
Además, la ASF afirma que en materia de transparencia, el Gobierno del Estado de Quintana Roo no realizó una evaluación sobre el ejercicio de los recursos del Fondo Metropolitano ni presentó evidencia sobre los resultados de las evaluaciones o que éstas se realizaron, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Esto debió haber sido fiscalizado por la SECOES, el Órgano Estatal de Control del Gobierno de Quintana Roo, pero nunca lo hizo.
“En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número SEFIPLAN/TGE/OEARF/1704/XII/2019, de fecha 19 de diciembre de 2019, mediante el cual presentó información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 1, 4 y 5, se consideran como no atendido”, remata el informe de la Auditoría Superior de la Federación.
En conclusión, debido a que no hubo una fiscalización a tiempo por parte de la SECOES como Órgano Estatal de Control, el Gobierno del Estado de Quintana Roo no realizó una gestión razonable de los recursos del Fideicomiso del Fondo Metropolitano, en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio de dicho fondo y sus recursos.
