Chetumal.-Con la reforma electoral, los partidos políticos, pero sobre todo los ciudadanos, tienen las herramientas para hacer valer sus derechos y legitimar los próximos comicios electorales, dado que los tribunales serían la última instancia para definir los triunfos.
Asimismo, por la competencia que habrá entre candidatos, restricciones de la Ley Electoral y Medios de Impugnación, habrá casos que deberán dirimirse en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), afirmó su magistrado presidente, Alejandro Luna Ramos.
Adelantó que en lo que va del Proceso Electoral Federal 2014-2015, el TEPJF ha recepcionado tres quejas por presuntos agravios a la Ley.
Dicho magistrado fue homenajeado en el Congreso del Estado por su destacada trayectoria en el fortalecimiento de la democracia y consolidación de las instituciones, para beneficio de México.
En tal contexto se develó la placa alusiva al Centro de Información y Capacitación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que llevará el nombre del magistrado presidente del TEPJF.
Luna Ramos indicó que la Reforma Electoral otorga nuevas atribuciones a la ciudadanía para exige el respeto a sus derechos, sobre todo para la toma de decisiones, dado que los participantes en el Proceso Electoral deberán cumplir con la normatividad, que ahora es más estricta.
Además, los ciudadanos cuentan con mecanismos para inconformarse en caso de presuntas violaciones a la Ley, expuso el magistrado presidente del TEPJF.
Por ende, consideró imprescindible la capacitación no solo de los actores políticos, sino de la ciudadanía en general, para que esta conozca sus derechos y obligaciones, que al final son importantes medios de defensa.
En función de lo anterior, ya existen tres recursos de inconformidad ante el TEPJF por supuestos agravios a la normatividad electoral y defensa de los derechos electorales del ciudadano.
Respecto a la posibilidad de infiltración de delincuencia en el presente Proceso Electoral, consideró que será responsabilidad compartida entre autoridades, actores políticos y ciudadanía en general evitarle.
