Ciudad de México.-El nombre de Rafael Marín Mollinedo, uno de los operadores más cercanos al círculo duro del obradorismo y actual titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, empezó a aparecer en un contexto que ningún funcionario querría enfrentar: las declaraciones de un testigo clave del narcotráfico internacional ante la justicia de Estados Unidos.
La jueza Sharon Johnson Coleman pospuso la audiencia de Ovidio Guzmán López del 9 de enero al 10 de julio de 2026, confirmando que el proceso en la Corte Federal de Chicago sigue abierto y en plena fase de cooperación. No se trata de un trámite menor: Guzmán López ya declaró y colabora como testigo en investigaciones de alto impacto que apuntan al narco-terrorismo y a redes transnacionales de tráfico de drogas.
Aduanas, puertos y aeropuertos: el corazón del señalamiento
De acuerdo con versiones que circulan en ámbitos políticos y judiciales, Ovidio Guzmán habría señalado a funcionarios mexicanos que presuntamente permitieron el flujo de droga desde Venezuela hacia México, utilizando puertos y aeropuertos estratégicos durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Entre los nombres mencionados aparece el de Rafael Marín Mollinedo, el hombre que tuvo —y mantiene— control directo sobre el sistema aduanero, precisamente la primera línea de contención contra el narcotráfico internacional. En esa misma lista figuran Audomaro Martínez, Luis Cresencio Sandoval, José Rafael Ojeda Durán, Adán Augusto López y Andrés Manuel López Beltrán.
El señalamiento es demoledor por una razón simple: si las aduanas fallan, el Estado falla. Y si fallan por omisión, complicidad o tolerancia, el daño deja de ser administrativo para convertirse en un problema de seguridad nacional.
Tulum: un punto incómodo en el mapa
Particularmente delicada resulta la mención de aeropuertos del Caribe mexicano, incluido Tulum, una infraestructura estratégica construida bajo el discurso de desarrollo y soberanía, pero que hoy aparece en versiones que lo colocan como posible ruta del narcotráfico internacional.
Que el nombre de Marín Mollinedo surja en ese contexto no es menor: Tulum y las aduanas están en el centro de su trayectoria política y administrativa.
El silencio como estrategia… o como confirmación política
Hasta ahora, Marín Mollinedo no ha dado una sola explicación pública, ni ha desmentido de forma directa los señalamientos que ya circulan fuera de México. Tampoco la Agencia Nacional de Aduanas ha emitido un posicionamiento claro.
Ese silencio tiene un costo. En política, callar ante un señalamiento internacional de esta magnitud no neutraliza el daño: lo amplifica.
De operador clave a pasivo incómodo
Durante años, Rafael Marín fue presentado como pieza técnica, leal y eficiente del proyecto de la Cuarta Transformación. Hoy, su nombre empieza a figurar en el expediente más incómodo del obradorismo: el de los presuntos vínculos, tolerancias o cegueras institucionales frente al narcotráfico.
Aunque no existe aún una acusación judicial formal en su contra, el solo hecho de aparecer en declaraciones de un testigo protegido en Estados Unidos lo convierte en un pasivo político, especialmente para un movimiento que prometió erradicar la corrupción y combatir al crimen organizado “desde arriba”.
Un riesgo que no se limita a lo legal
El caso Marín Mollinedo no es, por ahora, un problema penal. Es algo peor para un proyecto político: un problema de credibilidad.
Si en los próximos meses surgen documentos, testimonios o cargos formales, el costo será devastador. Pero incluso sin ellos, la pregunta ya está instalada:
👉 ¿Quién vigilaba las aduanas… y para quién trabajaban realmente?
