Por Benjamín Pat
El miércoles 16 de noviembre pasa la historia. El bulevar Kukulkan de a #ZonaHotelera de #Cancún fue bloqueada por casi 9 horas.
¿Alguien recuerda la última vez que la vialidad turística más importante de #QuintanaRoo estuvo hecho un caos? Yo no, al menos no en los últimos años.
Pero dejando a un lado la afectación en materia de movilidad para miles de turistas, pienso en el reclamo de los manifestantes: “correr al Fiscal General de Quintana Roo”.
Sin que suene a sugerencia, me pregunto, ¿qué tan difícil es quitar a un fiscal general? Y ¿la gobernadora podría hacerlo, si quisiera?
Veamos qué dice la Constitución.
Después de los dolores de cabeza que Carlos Arturo Álvarez Escalera les dio a los diputados locales en 2016, los legisladores modificaron la Constitución.
Antes, quitar a un Fiscal General era facultad de la Legislatura, ya sea por determinación o solicitud del Ejecutivo.
Por supuesto siguiendo todo un procedimiento que al final debía ser aprobado por el voto de las dos terceras partes de la Legislatura.
Pero como dije, cambiaron la Constitución.
Ahora la facultad es del Poder Ejecutivo. Y si el Congreso no está de acuerdo puede objetar.
Aquí lo que dice el artículo 96:
d) El Fiscal General podrá ser removido por el Ejecutivo del Estado por las causas graves que establezca la ley. La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes de la Legislatura del Estado dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el Fiscal General será restituido en el ejercicio de sus funciones. Si la Legislatura no se pronuncia al respecto, se entenderá que no existe objeción.
