Visión Intercultural Francisco J. Rosado May fjrmay@hotmail.com
El tema de las leyes secundarias en materia de educación dominó las noticias en la semana anterior, y con justa razón. Sin embargo, debido a su natural importancia, el tema del presupuesto de egresos de la federación 2020 irá ocupando más y más espacios en las semanas por venir.
Una vez que la Secretaría de Hacienda entregó el paquete económico 2020 a la Cámara de Diputados, a principios de septiembre 2019, y se conocieron algunos detalles de este, se han hecho declaraciones desde diferentes ángulos y organizaciones para reacomodar los montos presentados en el documento. Por ejemplo, la ANUIES pide 17 mil millones más para educación superior (Proceso 25 sept. 2019); organizaciones indígenas han elevado su voz solicitando más recursos para 2020 (Aristegui Noticias, 17 sept. 2019). La Cámara de Diputados tiene la facultad de hacer cambios al paquete y para ello no sólo escuchará peticiones de diferentes grupos, partidos, organizaciones y niveles de gobierno, sino que tendrá que seguir una lógica diferente a la que se ha seguido en años anteriores.
Para entender la dinámica del proceso de diseño del presupuesto hay tres preguntas claves que se basan en principios regidos por la combinación de ortodoxia financiera con política de la 4T. ¿De cuanto es el monto del recurso que se dispone? ¿Cuáles son los objetivos estratégicos que se pretenden atender? ¿Cómo se va a distribuir el gasto? Adicionalmente habrá un mecanismo de monitoreo y evaluación que permita hacer los ajustes pertinentes durante el ejercicio del recurso.
Con respecto a la primera pregunta, básica y ortodoxa, para determinar el monto disponible de recursos se establecen criterios a priori como el precio del barril del petróleo, el ingreso por divisas, la inflación, el costo del dólar, entre otras variables. Usando números cerrados con base en información de la página web de Hacienda, el paquete económico propuesto para 2020 tiene previsto un monto de 6.1 billones de pesos. Este dato es mayor al de 2019, que fue de 5.8 billones; mientras que el de 2018 fue de 5.3billones y el de 2017 fue de 4.9 billones. Es decir, se estima para 2020 un mayor presupuesto con respecto a 2019.
Son cantidades impresionantes, pero de acuerdo con Hacienda, al 30 de agosto de 2019 México tenía una deuda neta del sector público de 10 billones 542 mil millones de pesos (números redondos); es decir ni dedicando el 100% del paquete económico de un año cubriremos esa deuda.
Como el recurso previsto para 2020 no disminuye con respecto a 2019, las dependencias podrían obtener un monto semejante al que ejercieron en 2019. Sin embargo, la distribución del recurso por dependencia, en el paquete, indica que unas tuvieron incremento y otras vieron reducido el monto asignado con respecto a 2019. No olvidemos que aún no se tiene la decisión final, pero…, antes de concluir que el monto por dependencia es adecuado o no, es necesario tener claridad en los objetivos que se persiguen a nivel país.
El Plan Nacional de Desarrollo y las mañaneras del Presidente, dejan muy claro los objetivos estratégicos del gobierno federal. En forma coloquial, los objetivos son: a) Reducción real de la pobreza (primero los pobres); b) Combate a la corrupción e impunidad; d) Combate a la delincuencia; e) Recuperar la autonomía energética y alimentaria; f) Crecimiento económico y desarrollo sostenible.
Todo parece indicar que los objetivos estratégicos, que no son diferentes de los gobiernos anteriores, serán atendidos con un nuevo enfoque, con una nueva visión. Y esto implica un rediseño en la forma de distribución y manejo del recurso. Es decir, nuevas formas de política pública, de andamiaje operativo. No hacerlo implica atender retos que acarreamos desde hace siglos, pero usando metodologías que han demostrado su inoperancia, su ineficiencia.
Entonces, la forma de distribución del recurso debe reflejar esa nueva forma de política pública. La lógica de que el recurso destinado a dependencias debe mantenerse, incluso incrementarse, sigue básicamente los mismos criterios de gobiernos anteriores. Si predomina esta forma de pensar, entonces no habrá oportunidad para la 4T de cambiar estructuralmente la operatividad del recurso porque se estarían aplicando criterios que han demostrado ineficiencia en el pasado.
Una alternativa es la planeación transversal e integral. Y no se estaría inventado el hilo negro. Lo han hecho, de alguna manera, países que han transitado claramente a un mejor desarrollo como Finlandia, Nueva Zelanda, Singapur, incluso China, Corea del Sur y otros.
La planeación transversal integral se basa en una matriz de dos ejes. Uno refleja los objetivos, estratégicos y algunos de sus componentes; el otro refleja el papel, la incidencia, y recursos de cada dependencia para atender alguno de los aspectos indispensables para alcanzar objetivos y metas.
Por ejemplo, algunos de los grandes componentes en el tema de la pobreza son: pueblos y comunidades indígenas, comunidades urbanas, comunidades afromexicanas. Estos componentes no solo deben ser atendidos por el INPI o por SADER o por BIENESTAR, o por SEMARNAT, etc., sino que también por dependencias que no están directamente relacionadas con el tema, como CONACyT, CULTURA, etc. Todas esas dependencias incidirían en alguno de los elementos claves, identificados en cada componente, para atender el objetivo estratégico. Al sumar la aportación de las dependencias para el alcance de algún componente del objetivo estratégico, el monto sería superior al que podría tener una dependencia en particular.
La planeación convencional se refleja en la lógica del monto del recurso destinado a una u otra dependencia de gobierno. Esta forma de pensar asume que una dependencia es responsable de algún objetivo estratégico y ninguna otra más. Esta lógica no facilita la integralidad ni la transversalidad. Quizá por ello hemos fracasado en el combate a los diversos rezagos que tenemos como país.
A diferencia de lo anterior, la planeación transversal integral requiere de conocimientos, experiencias, habilidades y formación que permita un diseño integral, que defina las acciones que competen a cada dependencia y las articule eficazmente. De esta forma, la decisión sobre el monto de recurso por dependencia debe basarse en el papel que esa dependencia jugará en el alcance de objetivos y metas, de modo que el presupuesto que se ejerce para atender la problemática del medio ambiente o de los pueblos indígenas o de la producción de alimentos, no recaería única y exclusivamente en SEMARNAT o INPI o SADER, respectivamente, sino a la articulación de esas y otras dependencias.
Este modelo de planeación tiene otra lógica. Su eficiencia descansa en que las personas que la operen tengan la suficiente preparación, experiencia y actitud para hacer su trabajo. ¿Tenemos esas personas y están ubicadas en las posiciones importantes de toma de decisiones, a nivel federal, estatal y municipal? ¿Es fácil? Por supuesto que no. ¿Es necesario? Por supuesto que si. Pero los tomadores de decisiones deben tener mucho cuidado en el perfil de las personas que conforman el equipo de trabajo y en desarrollar una enorme capacidad de comunicación que posicione la narrativa de la integralidad y transversalidad vs la planeación convencional departamentalizada.
En estos casos viene a la mente una de las frases célebres de Indira Gandhi, ex primera ministra de la India: “Hay que vigilar a los ministros que no pueden hacer nada sin dinero y a aquellos que quieren hacerlo todo solo con dinero”
PD. La planeación transversal e integral demanda nuevas reglas del juego para el cabildeo de recursos. También obliga a prepararnos para una operación de programas y proyectos, bajo la 4T, que van a exigir cambios en las estructuras de funcionamiento de las dependencias; las actuales están diseñadas para otra lógica, diferente a la del nuevo gobierno federal. ¿Será fácil? Por supuesto que no. ¿Es necesario? Por supuesto que si, solo hay que saber tejer y preparar el contexto para reducir daños colaterales innecesarios
