Chetumal, Quintana Roo.-Gina Ortíz Blanco, ex directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo (IPAE), ganó la denuncia promovida contra la Agencia de Proyectos Estratégicos (AGEPRO) en el que exigía el pago del arrendamiento del inmueble donde se ubican las oficinas de la dependencia gubernamental.
Eduardo de Jesús Ortíz Jasso, Director del AGEPRO, fue notificado sobre la resolución y consecuentemente sobre el término del plazo establecido por la autoridad, el cual es el próximo lunes 16 de noviembre para desalojar en su totalidad el edificio ubicado sobre la Calle Roma, a espaldas de conocido supermercado.
A falta de pago del arrendamiento del inmueble, este sábado trabajadores de la institución comenzaron a desocupar y trasladar urgentemente el inmobiliario al Centro de Convenciones y Negocios de Chetumal, el cual será su domicilio por el momento.
Fuentes al interior señalan que el fallo en contra se da cuando apenas el Director General, Ortíz Jasso, había amueblado el lugar, así como se señala que se había hecho a través de una empresa del cual el funcionario es propietario.
Esta situación increíblemente se da a poco días en que el titular de la AGEPRO comparece ante diputados de la XVI Legislatura del Congreso del Estado, a quienes mintió al decirles que todo se encontraba bien, no así ahora sale a relucir esta grave problemática.
Eduardo Ortiz Jasso es conocido por su trayectoria en el Instituto de Planeación Municipal (IMPLAN) de Cancún, cargo que ocupó por ocho años, en el que fue acusado de establecer una especie de «moche» oficial durante el gobierno del priista Francisco Alor Quezada (2005-2008), misma que era un cobro poco transparente que se establecía discrecionalmente desde el IMPLAN y que debían pagar los desarrolladores, el cual supuestamente se destina a un “Fondo para la gestión y el fortalecimiento institucional”, donde no se supo hacia dónde fue a parar esos recursos.
Finalmente, cabe mencionar que la organización «Somos tus Ojos» denunció en el 2017 ante la Secretaría de la Contraloría, al Gobernador Carlos Joaquín, luego de nombrar a Eduardo Ortiz Jasso como titular de la AGEPRO, debido a que este fue inhabilitado en marzo del 2013, demanda radicada en el Juzgado Segundo de Distrito de Benito Juárez.
Bien dicen que «cuando el río suena es que agua lleva» y «crea fama y acuéstate a dormir»; en ese sentido, tal parece ser que en la dependencia al frente de Ortiz Jasso las aguas andan agitadas por movimientos turbios que salpican a este mal llamado «Gobierno del Cambio».
