CDMX.- El presidente Andrés Manuel López obrador omite su condición de mandatario y hombre de estado cuando interviene abiertamente en los procesos de elección de los partidos políticos, en una franca intención de perpetrar su proyecto político e incluso violando disposiciones fiscales y de protección de datos personales.
Por tal manera, es necesario que la sociedad le demande que se apegue a las disposiciones relacionadas a la protección de datos personales como el Código Fiscal o la Ley Electoral.
El uso de información personal con intenciones político-electorales por parte del estado a través del presidente convierte al mandatario en el peor ejemplo para los mexicanos a pesar del discurso público, al tiempo que da instrucciones a sus legisladores afines para iniciar una batalla legal contra quienes pueden ser candidatos de oposición en el 2024.
El Consejo Empresarial Mexicano establece que al ventilar información confidencial de la empresa de la senadora Xóchitl Gálvez violenta disposiciones del Código Fiscal en su artículo 69, por el cual las autoridades tributarias tienen la obligación de mantener en reserva la información proporcionada por los contribuyentes
Sólo el poder judicial de la federación, puede solicitar información confidencial relacionada con un procedimiento y además la Ley Federal de Derechos del Contribuyente establece penalidades por violación a la dicha confidencialidad.
El organismo establece que ante el proceso electoral presidencial, resulta conveniente hacer un seguimiento puntual de las disposiciones de la Ley Electoral, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Protección de Datos Personales, con el fin de analizar y en su momento denunciar el mal uso de la información privada confidencial hecha por parte de cualquier actor político, funcionario o ciudadano con claros objetivos políticos y electorales.
Finalmente el Consejo Empresarial Mexicano advierte que es necesario que las instancias de gobierno relacionadas con datos personales se comporten a la altura de la sociedad mexicana en favor de la legalidad, y no brinden información confidencial a ninguna autoridad, servidor o poder público que no tenga derecho a ella, con el fin de dañar la imagen pública de alguna persona u organismo.
Asimismo hace un llamado a los legisladores a cumplir con el compromiso con sus representados y no únicamente con sus liderazgos políticos y partidistas, así como al poder judicial al aplicar la ley a quienes cometan este tipo de ilegalidades sin importar el rango político que ostenten.
