Ciudad de México, 9 de marzo (Excelsior).- Del año 2000 a la fecha la Procuraduría General de la República (PGR) únicamente ha reconocido que actuó de forma errónea y en perjuicio de la ciudadanía en tres ocasiones, equívocos que a la fecha han costado una vida humana, actos arbitrarios y 27 millones 986 mil pesos que ha tenido que pagar por daño moral a los afectados.
Derivado de una solicitud de información realizada por Excélsior, se supo el número de casos y el monto total que la PGR ha pagado por concepto de responsabilidad civil por daño moral a quienes han sido afectados por fallas en las investigaciones.
En 1994 la PGR decomisó nueve avionetas a una empresa de aerotaxis a la cual acusó de apoyar al cártel de los Arellano Félix; 12 años después tuvieron que devolver las aeronaves y pagar una indemnización por poco más de 13 millones de pesos pues no pudieron demostrar el vínculo con el narcotráfico.
Fue en 2002 cuando la Agencia Federal de Investigación (AFI) detuvo y asesinó a un joven de nombre Guillermo Vélez, acusándolo de secuestro. Siete años después se reconoció que la acusación fue falsa y se pagó a la familia de Vélez poco más de 14 millones de pesos como reparación por el daño infligido.
AmerHayke es un ciudadano británico de origen libanés a quien en 2005 el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), dirigido entonces por Eduardo Medina Mora, y la AFI, a cargo de Genaro García Luna, acusaron de estar vinculado con la agrupación terrorista Al Qaeda. Se equivocaron y fue liberado 24 horas después de su detención y se le pagó una indemnización 647 mil 600 pesos.
Para que la PGR les haya pagado las indemnizaciones por daño moral, los afectados han tenido que esperar varios años, incluso décadas, pasar por juzgados y tribunales con el objetivo de que algún juez o magistrado les dé la razón y obligue a la Procuraduría a pagar la reparación del daño y ofrecer disculpas públicas por las faltas cometidas.
Un caso que todavía no recibe respuesta por parte de la PGR es el de tres mujeres indígenas que exigen a la dependencia –encabezada desde el 4 de marzo por Arely Gómez– una millonaria indemnización por daño moral y material luego de haberlas acusado indebidamente del secuestro de seis agentes federales.
Este asunto se encuentra actualmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde la defensa de Alberta Alcántara y Teresa González, quienes en 2006 fueron acusadas y encarceladas por el supuesto plagio de seis elementos de la desaparecida Agencia Federal de Investigación y liberadas por orden de la propia SCJN, han denunciado que la PGR se ha negado a indemnizar para reparar así los daños ocasionados por el irregular proceso judicial que se siguió a las mujeres indígenas de a la etnia ñhañhú.
