Por: Victoria Castro Chávez
Las reformas promovidas por el gobierno de Quintana Roo en materia de agua potable y vivienda no representan un freno al encarecimiento de los servicios básicos ni una reversión al modelo de vivienda reducida que prevalece desde el sexenio anterior. Por el contrario, consolidan un esquema que permitirá que las tarifas del agua continúen aumentando automáticamente y que los programas sociales puedan construir viviendas todavía más pequeñas.
La iniciativa de reforma a la Ley de Cuotas y Tarifas de Agua Potable deja sin modificaciones la fórmula vigente desde 2008, mediante la cual los costos del servicio se incrementan de manera periódica conforme a la inflación, el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y los ajustes en las tarifas eléctricas.
Actualmente, el consumo mínimo doméstico de agua potable ya supera los 203 pesos mensuales sin drenaje y alcanza hasta 298 pesos con drenaje y saneamiento en gran parte del estado. En el municipio de Chetumal y otras zonas de Othón P. Blanco, el monto ronda los 291 pesos debido al IVA reducido.
La propuesta tampoco modifica el esquema que obliga a pagar una tarifa mínima aun cuando no exista consumo de agua, únicamente por permanecer conectado a la red. Además, el cobro por drenaje y saneamiento continuará representando el 40 por ciento adicional sobre la facturación del agua potable, más IVA.
Aunque el discurso oficial plantea la reforma como un ajuste para mejorar el acceso a la vivienda y los servicios, en los hechos el proyecto sólo elimina algunos cobros menores para desarrolladores de vivienda económica y aumenta las contribuciones para desarrollos residenciales y de mayor nivel adquisitivo.
En el caso de la vivienda social, la administración estatal mantiene la política iniciada durante el gobierno de Carlos Joaquín González con la llamada “Ley Casitas”, que redujo desde 2018 las dimensiones mínimas de los terrenos y áreas edificables.
La nueva iniciativa no sólo conserva restricciones, sino que incorpora la posibilidad de autorizar superficies aún menores cuando se trate de programas sociales impulsados por gobiernos federal, estatal o municipal.
El argumento oficial sostiene que la flexibilización normativa permitirá garantizar el derecho a una “vivienda adecuada” y evitar asentamientos irregulares. Sin embargo, el concepto de vivienda social termina traduciéndose en casas cada vez más pequeñas, con menor espacio habitable y mayor densidad urbana.
La iniciativa también define las características de las viviendas sociales. Las viviendas económicas podrán tener construcciones de hasta 45 metros cuadrados; las populares, entre 45 y 60 metros cuadrados; y las tradicionales, de 60 a 75 metros cuadrados.
En paralelo, la reforma reduce ligeramente los costos de conexión hidráulica para desarrolladores de vivienda económica, mientras incrementa las tarifas para vivienda popular y tradicional. Para los desarrollos residenciales y de lujo se establece, además, un cobro equivalente al 3 por ciento del costo de inversión en infraestructura hidráulica y sanitaria por concepto de inspección normativa ante la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado.
Con ello, las modificaciones legales perfilan la continuidad de un modelo que mantiene la presión económica sobre usuarios domésticos y, al mismo tiempo, normaliza proyectos habitacionales con espacios cada vez más reducidos bajo el argumento de ampliar el acceso a la vivienda social.
