Chetumal.- El Observatorio Legislativo de Quintana Roo cuestionó el proceso que revirtió una orden de aprehensión, mediante la vía del amparo, en contra del empresario Kamel Nacif Borge, por las acusaciones en su contra formuladas por la escritora Lydia Cacho.
En una carta abierta, el organismo, que encabeza Eduardo Galaviz Ibarra, contrastó un reciente artículo del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Arturo Zaldívar en el que se refirió a una justicia elitista y pidió “igualar la cancha”, con el caso de Nacif Borge.
En dicha publicación, el togado estableció: “Acceder a una justicia efectiva y de calidad en nuestro país (y en todo el mundo) sigue siendo un privilegio de las élites económicas y sociales.
“Obtener la protección de un tribunal que dirima las controversias y que tutele los derechos involucrados, es algo que generalmente está al alcance de quienes pueden pagar una defensa o asesoría jurídica de calidad.
“Para el resto, el sistema de impartición de justicia es percibido como una maquinaria al acecho, lista para aplastar a las personas más pobres y vulnerables.
“Mientras esta realidad persista, la idea de que los derechos son universales y de que asisten a toda persona por el simple hecho de serlo, seguirá siendo una promesa incumplida”, señaló el ministro en ese artículo.
A manera de respuesta, el observatorio indicó que “unos días después, su afirmación (la de Zaldívar en el artículo) se ve comprobada evidenciando que esta realidad persiste con la resolución tomada por el Tercer Tribunal Colegiado de Quintana Roo que otorgó un amparo a José Kamel Nacif Borge, que le libera de toda responsabilidad respecto al delito de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho Ribeiro.
“Votaron a favor del amparo en revisión 143/2021 las Magistradas SELINA HAYDE AVANTE JUÁREZ y GRACIELA BONILLA GONZÁLEZ (Secretaria del Tribunal en funciones de Magistrada), con el voto en contra del Magistrado JORGE MERCADO MEJÍA.
“Sabemos que en todos los procesos judiciales existen criterios que son muy cuestionables, pero en este caso los argumentos ´jurídicos´ presentados en la ponencia son frívolos y de una gran ligereza en sus argumentos, y pueden dar inicio a una nueva manera de presentar los proyectos de sentencia sin bases jurídicas argumentativas”, agregó.
La carta del observatorio expuso que, ejemplo de los argumentos son: que la afirmación de que se le dio “un pinche coscorrón a esta vieja cabrona” es una afirmación “vaga y genérica” y que no se refiere en momento alguno a la persona de Lydia Cacho, que pudo haber sido a cualquier otra mujer de edad avanzada.
Otro de los argumentos, prosiguió, es que no existe alguna evidencia “escrita” de algunas indicaciones para que se torturara a la demandante de manera directa. “Y así otros argumentos igualmente ridículos”.
Deploró que lo más grave de esta resolución (que es irreversible) es que además da oportunidad a que todo el proceso de este caso, en donde se encuentra la situación del ex gobernador Mario Marín, se conduzca en esa dirección de impunidad.
Pero además, añade, esta resolución establece razonamientos para que otras denuncias de afectación a los derechos humanos (como los casos de tortura), se vean indefendibles con los argumentos de que no existen pruebas físicas de las instrucciones para cometer tales actos.
Ello, lamentó, deja en una total indefensión a los demandantes y es un “terrible” mensaje de desaliento a la búsqueda de la justicia y de una clara muestra de la injusticia en los procesos judiciales.
“Sabemos que hay muchos casos de impunidad e injusticia, pero como este cínico manejo de una sentencia judicial, no hay muchos, porque el daño hecho por estas magistradas puede ser exponencial, el mensaje que ellas y el aparato judicial entero han enviado con este acuerdo a las víctimas, no sólo de este proceso, sino de todos los afectados en sus Derechos Humanos, es desalentador y terrible”, reprochó.
“Es por ello que convocamos a los organismos ciudadanos a que se considere este 27 de julio, como el DÍA DE LA IMPUNIDAD E INJUSTICIA a fin de que tengamos un recordatorio periódico de los casos (y agregando los que se vayan sumando) que están haciendo que la impartición de justicia efectiva en nuestro país sea una Utopía.
La carta concluye de manera sarcástica evidenciando que por “ironías de la vida, la tipografía en la cual está escrito el artículo del Ministro Zaldivar se llama Utopia”.
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