La diputada del Partido Verde fue señalada ante el Órgano Interno de Control del Congreso de Quintana Roo por supuestas irregularidades en la información sobre su patrimonio y actividades empresariales.
Chetumal, Quintana Roo.— La diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), María José Osorio Rosas, conocida políticamente como Majo Osorio, fue denunciada ante el Órgano Interno de Control (OIC) del Congreso del Estado por presuntas omisiones en sus declaraciones patrimoniales y de intereses, relacionadas con una empresa del sector restaurantero y un inmueble ubicado en Playa del Carmen.
De acuerdo con la denuncia cuya existencia refiere documentación en poder de El Punto Sobre la i, la legisladora habría omitido declarar su presunta participación como propietaria en la empresa Grupo Taquerías El Muñe del Sureste, S. de R.L. de C.V., relacionada con establecimientos comerciales que operan principalmente en Playa del Carmen.
El señalamiento no se limita a sus posibles intereses empresariales. En el escrito también se cuestiona la ausencia de un inmueble ubicado en el fraccionamiento residencial La Toscana, en Playa del Carmen, que, según el denunciante, habría sido adquirido por la diputada y tendría un valor de 2 millones 778 mil pesos.
La denuncia identifica el predio mediante una clave catastral específica, dato que permitiría a la autoridad solicitar información registral y verificar tanto la titularidad del inmueble como la fecha de adquisición y su eventual obligación de incorporarlo a las declaraciones correspondientes.
El documento señala una posible vulneración de los artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, relacionados con la obligación de los servidores públicos de presentar declaraciones patrimoniales y de intereses, así como con los plazos establecidos para hacerlo.
La denuncia fue dirigida al Órgano Interno de Control del Poder Legislativo, cuyo titular es identificado en el escrito como Luis Jorge Mézquita, para que se revise la información presentada por la diputada y se determine si existen elementos que justifiquen una investigación administrativa.
El patrimonio bajo revisión
El caso plantea una pregunta de interés público: ¿la información patrimonial y empresarial de la legisladora coincide con los registros oficiales y con las declaraciones que ha presentado durante su desempeño como servidora pública?
Para responderla, el Órgano Interno de Control tendría que contrastar las declaraciones correspondientes con la documentación mercantil, los registros de propiedad y las fechas en que la diputada habría adquirido bienes o participaciones empresariales.
La existencia de una denuncia no significa que las omisiones estén acreditadas ni que la legisladora haya cometido una falta administrativa. Será la autoridad competente la encargada de determinar si la información fue declarada correctamente, si existía obligación de reportarla y, en su caso, si procede alguna responsabilidad.
El asunto coloca nuevamente bajo escrutinio la transparencia patrimonial de quienes ocupan cargos públicos. Más allá de la militancia partidista, las declaraciones patrimoniales y de intereses son instrumentos destinados a permitir la revisión de posibles inconsistencias y conflictos de interés.
Por ahora, el señalamiento contra Majo Osorio deberá pasar de la denuncia a la verificación documental. La diputada tiene derecho a responder y aportar la información que considere pertinente; el Congreso, por su parte, tiene la responsabilidad de esclarecer los hechos conforme a la ley.
