Por Victoria Castro Chávez
CHETUMAL, Quintana Roo.— El crecimiento del narcomenudeo en Quintana Roo no sólo representa un desafío para la seguridad pública, sino que comienza a modificar el perfil de las personas que ingresan a los centros penitenciarios del estado, donde los delitos contra la salud han ganado terreno frente a ilícitos patrimoniales como el robo.
Los datos del Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Federal y Estatales (CNSIPEF-E) 2025, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) con información correspondiente a 2024, permiten observar el creciente peso que han adquirido los delitos relacionados con drogas dentro del sistema penitenciario.
Mientras a nivel nacional el robo continúa entre los principales delitos asociados al ingreso de personas a prisión, en Quintana Roo el narcomenudeo ha adquirido una presencia particularmente relevante, con diferencias importantes entre hombres y mujeres.
La tendencia resulta significativa en una entidad donde durante los últimos años las autoridades han incrementado los operativos, cateos y detenciones relacionados con la posesión y comercialización de drogas al menudeo.
Cancún, Playa del Carmen y Tulum concentran buena parte de esta problemática por su densidad poblacional, actividad turística y vida nocturna, aunque el fenómeno también se encuentra presente en Chetumal y otros municipios.
El cambio obliga a mirar más allá del número de detenciones.
El aumento de personas procesadas por narcomenudeo puede responder tanto a una mayor actividad de las autoridades como a la existencia de un mercado local de drogas que mantiene capacidad para incorporar nuevos vendedores y distribuidores.
Por ello, un crecimiento en las detenciones no necesariamente significa, por sí mismo, una reducción proporcional de la disponibilidad de drogas en las calles.
De los delitos patrimoniales a las drogas
Durante años, el robo y otros delitos patrimoniales ocuparon un lugar predominante dentro de las estadísticas penitenciarias. El avance de los delitos contra la salud modifica esa composición y plantea nuevos desafíos para el sistema estatal.
Una persona vinculada a proceso por venta o posesión de narcóticos puede formar parte del último eslabón de una cadena criminal mucho más extensa.
Detener al vendedor de calle no necesariamente significa desarticular a la organización que suministra la droga, controla el territorio o recibe las ganancias.
Esta diferencia resulta fundamental para interpretar las estadísticas.
Las cárceles pueden recibir cada vez más personas acusadas de narcomenudeo mientras las estructuras responsables del abastecimiento continúan operando fuera de ellas.
Las mujeres, un indicador que merece atención
Uno de los aspectos que requiere mayor análisis es la participación femenina en delitos relacionados con drogas.
El peso que adquieren estos ilícitos entre las mujeres privadas de la libertad obliga a investigar las condiciones bajo las cuales ingresan a las cadenas de distribución: desde participación voluntaria hasta situaciones de dependencia económica, relaciones personales o reclutamiento por estructuras criminales.
No todos los casos responden al mismo patrón.
Por ello, las cifras penitenciarias deben complementarse con información sobre sentencias, reincidencia, adicciones y condiciones socioeconómicas de las personas encarceladas.
Más presos no necesariamente significan menos droga
Este es quizá el principal cuestionamiento que dejan los datos.
Si cada año aumenta el número de detenidos por narcomenudeo pero el mercado continúa generando nuevos vendedores, la estrategia corre el riesgo de concentrarse en sustituir continuamente los eslabones más bajos de las organizaciones criminales.
Para Quintana Roo, el reto no consiste únicamente en detener a quienes llevan pequeñas cantidades de droga.
La verdadera prueba está en determinar quién abastece, quién financia, quién controla los puntos de venta y hacia dónde termina el dinero.
El fenómeno también plantea desafíos dentro de las cárceles, donde deben fortalecerse los programas de prevención y tratamiento de adicciones, capacitación laboral y reinserción social para evitar que la prisión termine reproduciendo las mismas redes criminales que se pretende combatir.
Las estadísticas penitenciarias muestran así algo más profundo que un cambio en el delito predominante.
Muestran una transformación del mercado criminal de Quintana Roo.
El robo pierde peso mientras el narcomenudeo avanza.
Y detrás de ese cambio aparece una pregunta que las estadísticas por sí solas no pueden responder:
¿se está debilitando realmente el negocio de las drogas o únicamente se está encarcelando cada vez a más personas de los niveles inferiores de la cadena?
