Viborianus
Victoriano Robles Cruz
¿Será muy difícil determinar cuándo una manifestación es pacifica de otra violenta? ¿Esa diferencia será no puede ser percibida por las autoridades cualesquiera que sean? ¿Por qué actuar con irracionalidad contra la población que se manifiesta? ¿Basta una Ley Anti-marcha para arremeter con brutalidad contra los manifestantes? ¿Por qué el sentido común siempre escasea para los ejecutores?
Habíamos compartido nuestra desaprobación por la intencionalidad de una ley atentatoria contra las libertades constitucionales, hacia los derechos fundamentales de los ciudadanos, bueno de toda persona, sin embargo, contra la desaprobación generalizada se procedió, lo hizo el congreso quintanarroense, él de Chiapas y Puebla.
Hoy Puebla es noticia, hasta con el carácter de internacional, por la muerte del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, quien al salir del colegio, en la ruta a su domicilio, paso por la zona donde sucedió el conflicto y fue alcanzado por una bala de las denominadas de goma destruyendo su cráneo, y la posterior muerte. Esa noticia solamente afirma la inconsistencia de la ley mordaza, de la represión contra otras víctimas, como suelen ser los manifestantes.
¿Habrá, existirá alguien, quien salga a manifestarse tan sólo por placer? Nuestra poca racionalidad nos impide visualizar esa respuesta en algún individuo, encontrar a una persona sin motivo alguno para salir a la calle a manifestarse. ¡No, desde luego que no existe!, quienes salen a manifestarse ya son víctimas de algún atropello a sus derechos, y ese atropello proviene del poder, trátese del poder del capital o del gobierno. Una pregunta redondea el caso: ¿Quién debe proteger a la población? ¿Quién debe evitar la represión?
¿Por qué no revisar las causas que generan las manifestaciones antes de proceder con la brutalidad oficial? ¿Por qué no llamar al sentido común, sentarse con él y analizar las causales de la manifestación? ¿Qué las produce? ¿Por qué no elaborar un escenario de respuestas? Atentar contra inocentes como sucedió en Puebla es algo tan brutal como los argumentos que pretenden justificar la presencia y generación de las mismas leyes. Hay quienes se sienten orgullosos de haber participado en ella. ¡Cuánta lástima!
En las tres entidades, ya desde su implementación, mucho antes de su creación, hubo reacciones, y fueron muy claras las pronunciadas por los defensores de derechos humanos, académicos, grupos disidentes y organizaciones civiles, quienes condenaron al gobernador del Estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, por haber promovido la iniciativa de ley que permite a la policía usar armas contra manifestantes. Sin embargo, como sucedió en las otras entidades, la respuesta fue ¡hágase!, no para la población, sino para el congreso. Y, así fue. Nada que ver con Juan Gabriel.
Claro, esa ley tiene la aprobación de algunos personajes y grupos, tiene la simpatía de los sectores duros, de la recalcitrante derecha, para proponer medidas tan radicales y absurdas; quienes se preocupan por sus personales intereses, quienes se olvidan de que la sociedad es un ente de participación, de convivencia, de reciprocidad, de coexistencia, pero sobre todo de respeto y contimás el respeto a los derechos fundamentales de las personas, signados por la constitución mexicana.
Insistimos, no se justifica por algún motivo atentar de manera legal contra los manifestantes, y muchos menos con esa ley implementada de manera furtiva, simulada, en sí mañosa. Si hubiera sido con otra intencionalidad, se debió abrir al debate previo, fundamentarla en el rigor social y legal, con el análisis científico que exige toda iniciativa para ser plural y benéfica para la sociedad. Pensamos…aún pueden revertirse esas leyes y ofrecerán la oportunidad a su sociedad de un mejor compromiso con los ciudadanos y ganarían los poderes involucrados.
PD.- Rafael Moreno Valle convertido en un asesino, con la imposición de tu Ley Bala, matastes a un niño con tus balas de goma. ¿Cuántas muertes de inocentes se necesitan para revertir esas leyes?
PD.- Quintana Roo, hasta ahora, con 18 mil firmas para exigir se efectúe la encuesta sobre la privatización o no del petróleo durante las elecciones federales de 2015, segundo lugar nacional por debajo de Baja California Sur. ¿Usted ya firmó?
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