Por: Jorge Carrillo
Chetumal.- Aunque la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo es la única en el país en contar con un protocolo para llevar a cabo actos de investigación de entregas vigiladas y operaciones encubiertas en casos de corrupción y en el último año obtuvo un incremento en su presupuesto, los resultados que ofreció este año son mínimos.
De acuerdo con un estudio dado a conocer por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), apoyado por Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), en el último año solo 12% del total de los expedientes iniciados fueron judicializados y de estos, únicamente el 5% obtuvieron sentencias condenatorias.
“Levantemos la voz de las fiscalías anticorrupción” fue el nombre de dicho análisis en el que se llevó a cabo un comparativo de los resultados con respecto al ejercicio 2020.
Los citados resultados resultaron contradictorios, pues en lugar de un avance se registró un retroceso ya que en 2020 se iniciaron en Quintana Roo mil 516 expedientes de investigación contra los 512 reportados este año.
En ambos periodos fueron judicializados 63 expedientes, sin embargo, el año pasado fueron 49 los vinculados a proceso contra los 28 de este año, de los cuales, solo tres resultaron condenatorios contra los 9 del año pasado.
El estudio se llevó a cabo con el objetivo de que las autoridades lleven a cabo políticas públicas que mejoren la efectividad de este organismo autónomo, por lo que se recomendó incrementar el presupuesto asignado a la materia que actualmente es de 49.6 millones por ejercicio.
Lo anterior, con miras a incrementar el número de Ministerios Públicos y Agentes de Investigación, así como mejorar las técnicas y esquemas de investigación.
