Por Gabriel Aarón Macías Zapata
Ante los altos índices de violencia que se han alcanzado en varias zonas del país, en días pasados la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, presentó el proyecto de varias modificaciones legislativas para contribuir con la transformación y pacificación del país. Entre ellas, la que más ha sido objeto de rechazo por parte de la oposición representada por los partidos que conforman la coalición Va por México (PRI, PAN, PRD), a cuya posición se ha sumado el Movimiento Ciudadano; ha sido la propuesta de fusionar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. El principal argumento de los opositores ha consistido en resaltar el temor que acarrea la militarización de la seguridad pública. A ello agregan la promesa de campaña del presidente López Obrador, de regresar al ejército a los cuarteles.
También miembros de la sociedad civil y políticos que se han declarado independientes, han expresado su rechazo a la supuesta militarización. Pero quienes más se exasperan en su crítica han sido los miembros del PAN y el PRI. Como bien se sabe, cuando Felipe Calderón gobernó el país, desató una guerra contra el narcotráfico de tal modo que desde un inicio integró a las fuerzas armadas a dicho combate cuando aún no existía un marco legal para ello. Sin contar con una estrategia sólida, además que no estaban definidas las limitaciones, funciones y alcances del ejército en dicha tarea, Calderón fracasó en su guerra y heredó a Peña Nieto un país envuelto en llamas.
Debido al efecto cucaracha, el crimen organizado se expandió en zonas que antes no se caracterizaban por la violencia ocasionada por grupos delictivos, a lo que se agrega que la delincuencia diversificó las actividades ilegales como el cobro de derecho de piso, piratería, extorsiones, secuestros, etcétera. La lucha entre los mismos cárteles por las plazas y el control de las actividades delictivas, así como contra el ejército, dio lugar a que unos y otros incrementaran la capacidad de las armas, cada vez más poderosas y letales, al grado que en ocasiones los delincuentes superaban a las policías y al ejército.
Ante esta situación, los políticos panistas no criticaron el avance de la militarización en el tema de seguridad pública; al contrario, justificaban y hasta aplaudían las funciones que Felipe Calderón otorgó al ejército en estas tareas. Mientras tanto, Peña Nieto continuó con la misma estrategia de su antecesor, motivo por el que el país continuó sumergido en la violencia a pesar de que la militarización se sostenía como principal frente para combatirla. Casualmente, en aquel tiempo tampoco los políticos priistas rechazaron la presencia del ejército en las calles. Los únicos que criticaron estas acciones fueron los miembros de la izquierda, entre ellos el actual presidente López Obrador, lo que en la actualidad ha sido objeto de reclamo de parte de la oposición por hacer lo mismo que antes rechazaba.
Lo cierto es que los opositores al gobierno obradorista no se miden en sus críticas a la política de seguridad de la 4T, así como rechazan a la militarización, también lo hacen con la propuesta de conceder amnistía para reintegrar a la vida social a quienes, por su vulnerabilidad, han sido incorporados a las filas del crimen organizado mediante la coacción o debido a su pobreza. Esta estrategia, conocida bajo el lema: “abrazos y no balazos”, sería complementaria a la organización de la Guardia Nacional, encargada de preservar el orden con la presencia armada, cuando así lo requiriese la situación. Lo anterior supone no sólo el combate por la vía militar, sino además por la social, es decir, de atacar el problema desde la raíz como es la pobreza, flagelo que orilla a la juventud a engrosar las filas del narcotráfico.
Resulta innegable que debido a la gran capacidad militar que ha alcanzado el crimen organizado, y que ha rebasado a las policías de los diversos niveles de gobierno e incluso al ejército, que se requiera de una fuerza organizada del Estado que la enfrente. La historia reciente así lo ha demostrado: en agosto de 2012, bajo el gobierno de Felipe Calderón, en Guadalajara la Marina detuvo a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, agrupación que en la actualidad es de las principales fuentes de violencia en el país. Tras la detención, se dieron una serie de narcobloqueos en la capital tapatía, seguida de la quema de varios vehículos. La situación se prolongó durante 24 horas, hasta que la incapacidad de las fuerzas del orden obligó a las autoridades a liberar al detenido.
Algo similar sucedió en 2019 con la liberación de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán. Luego de su detención se desató una ola de violencia en Culiacán y ante la impotencia del ejército para contenerla, además de que los sicarios tenían en su poder a rehenes civiles, el presidente López Obrador admitió dar la orden para soltar al detenido.
Entonces, tenemos que uno y otro gobierno, emanados de diferentes partidos políticos, han experimentado la incapacidad para enfrentar el poderío bélico del crimen organizado. Ante este flagelo, el actual Comandante General de la Guardia Nacional, Gral. Bgda. DEM Luis Rodríguez Bucio, en 2016 publicó un estudio sobre la participación de las fuerzas armadas en acciones contra el narcotráfico en México. Lo escrito en aquél entonces bien puede aplicar a la realidad que hoy experimentamos en el país, sobre todo al justificar la participación de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado. En resumen, sostenía que era necesaria para reducir el riesgo de agresión de los delincuentes a miembros de las policías civiles, también por la capacidad del ejército para destruir plantíos de enervantes y para interceptar cargamentos de drogas y, finalmente, para enfrentar la fortaleza que mostraban las organizaciones del narcotráfico.
No es casual que en 2019, en medio de las discusiones con el objetivo de aprobar la organización de la Guardia Nacional, los mandos civiles del gobierno obradorista coincidieron con las propuestas del Gral. Luis Rodríguez. En su momento, el entonces Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, pidió al Senado de la República dotar al Estado mexicano de este instrumento, para que “en tres o cuatro años podamos hablarnos de tú a tú con el crimen organizado”. Es decir, para enfrentarlo con la misma capacidad de ataque.
Lo cierto es que el problema de la violencia a nivel mundial, derivada del terrorismo y del crimen organizado, ha sido un flagelo que ha invadido a varias ciudades del mundo. Bajo estas circunstancias las fuerzas del orden han evolucionado de tal manera que ya no existe una clara distinción entre los mandos civil y militar, sino que se han fusionado en un cuerpo de seguridad híbrido. Al respecto, el Teniente Coronel David Grossman, experto en el estudio de la violencia, ha observado que en Bosnia, Nueva York, Irak, Los Ángeles, Afganistán y Littleton (Colorado), los agentes de policía se están pareciendo más a los militares en su equipo, estructura y tácticas, mientras que los militares se están pareciendo más a los agentes de policía en su equipo, misiones y tácticas. Ante estas circunstancias, podría asegurar que la militarización no es un fenómeno puro y extremo, sino al contrario, hay que considerar que cuando las fuerzas militares adoptan características propias de las civiles, están siendo adaptadas para combatir a una fuerza civil criminal que ha adoptado estrategias de combate y además utiliza equipo táctico letal.
En este caso la militarización no es tal, más bien se trata de organizar un cuerpo de seguridad hibrido que cuente con la capacidad táctica y el equipo idóneo para enfrentar a grupos delictivos. En este contexto, la Guardia Nacional podría quedar en el punto medio, entre lo militar y lo civil. ¿Sería mucho pedir que así lo entienda la oposición, o se dejará llevar por su actitud negacionista?
