Lo que ocurrió en Sinaloa no es un simple trámite administrativo. La licencia solicitada por el gobernador Rubén Rocha Moya no sólo abre un paréntesis en su gestión: abre la puerta a un reacomodo de poder que, aunque disfrazado de legalidad, tiene un profundo contenido político.
Porque sí, la Constitución es clara. Si la ausencia es menor a 30 días, el secretario de Gobierno toma el control como encargado del despacho. Todo “en orden”. Todo “institucional”. Pero en la política real, esa figura no es neutra: es el brazo operativo del gobernador, su extensión directa. Es decir, el poder no se va… se queda en casa.
El problema empieza cuando el reloj corre.
Si la licencia se prolonga, el Congreso entra al juego. Y ahí ya no se trata de continuidad, sino de control. La designación de un gobernador interino no es un acto técnico: es una negociación política en estado puro. Es el momento en el que los grupos, las lealtades y las facturas pendientes salen a la mesa.
¿Quién manda realmente? ¿El que se va o el que se queda?
La salida simultánea del alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, tampoco es coincidencia menor. Cuando el poder local y estatal se mueven al mismo tiempo, no estamos frente a casualidades: estamos frente a una sincronización que, como mínimo, levanta sospechas.
En política, las licencias rara vez son sólo licencias.
Son válvulas de escape, movimientos tácticos o pausas estratégicas. Sirven para enfriar crisis, para reorganizar equipos o, en el peor de los casos, para ganar tiempo cuando la presión aprieta.
Y aquí la pregunta incómoda no es quién sustituye a Rocha Moya.
La pregunta real es: ¿por qué ahora?
Porque mientras el discurso habla de “conciencia tranquila”, el timing político cuenta otra historia. Una historia donde el poder no se abandona, se administra… incluso en la ausencia.
Sinaloa entra así en una zona gris: legalmente cubierta, políticamente incierta.
Y en ese terreno, lo que sigue no lo definirá la Constitución.
Lo definirá el pulso del poder.
