Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
No cabe duda de que el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, ya no quiere más “queso” sino salirse de la “ratonera”, ya que, de esperar una entidad de ensueño donde todo mundo le besara los pies, pasó a convertirse en un simple espectador de múltiples problemas que, encabezados por el avance irrefrenable del Coronavirus, le han convertido en enfermo político al que le sale “pus” por donde se le ponga el dedo.
Y no es para menos, ya que ha sido una constante desde el inicio de su gobierno aliancista del “cambio”, cuando, al igual que ahora, está sobrado de soberbia, al grado tal que no escucha a nadie, sólo su voz, bueno, eso cuando habla, ya que, en la inmensa mayoría de los casos, ha optado -ignoramos si dolosamente- por guardar silencio absoluto…aunque en mundo se le caiga.
Para su mala fortuna, lo que se le está cayendo es su “gobierno”, un gobierno de juguete en el que cada uno de sus colaboradores -si se les puede llamar así- hace lo que le pega la gana o como le pega la gana, y Carlos Joaquín, como el chinito, “milando, solo milando”.
Un ejemplo perfectamente claro fue el reciente “incidente” -por llamarle de algún modo- en el que se vio involucrado su subsecretario de Finanzas y Planeación, Javier Eddie Marrufo Villanueva, a quien el medio de comunicación digital “10 noticias” de Playa del Carmen señaló como conductor de un automóvil que habría perseguido y disparado “al chofer de una camioneta Nissan”.
El caso es que el afectado -nunca se dijo el nombre- denunció los hechos al pasar por un “filtro” policiaco de Playa del Carmen, donde los agentes detectaron la camioneta Kia y le hicieron el alto. Al revisar el vehículo los agentes habrían encontraron en el asiento delantero una pistola tipo escuadra calibre .380 y un cargador con un cartucho útil.
Villanueva Marrufo no habría podido acreditar la propiedad del arma, por lo que habría sido detenido y, suponemos, consignado a las autoridades responsables, ya que habría evidencia de varios disparos en el vehículo del afectado, una camioneta Nissan.
Para sorpresa de medio mundo, el propio sábado 1 de agosto se dio a conocer un mensaje del funcionario dirigido a “10 Noticias” que, suponemos elaborado por un Abogado conocedor de la materia, reclamaba respeto a su vida privada, intimidad, honor e imagen propia “considerados ya como derechos fundamentales”, decía.
Tras una serie de consideraciones, que Villanueva Marrufo denomina “aclaraciones”, finalmente hace alusión a su derecho de réplica, solicita cancelar la publicación de ese medio digital y le pide abstenerse de violar sus derechos constitucionales de presunción de inocencia, aunque dijo “reconocer” la importancia de la labor periodística como un derecho a la información.
El funcionario también realiza una exposición en torno al daño moral que tutela el Código Civil Federal, así como de la reparación de esas conductas que podrían considerarse como hechos ilícitos, aunque en ningún momento se refiere a lo que realmente ocurrió ese día en carretera, como tampoco lo ha hecho hasta hoy, pese a su condición de servidor público.
¿Y sabe Usted qué dijo el gobernador sobre el particular? Ya lo adivinó: ¡Absolutamente nada! ¿Y sabe Usted qué dijo su Dirección de Comunicación Social que tantos millones de pesos le cuestan al erario público? ¡Absolutamente nada! ¿Y sabe Usted qué dijeron la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública? ¡Absolutamente nada!
¿Y sabe Usted qué significa esto? Significa que, comenzando por la “cabeza” de gobierno, es decir Carlos Joaquín, ¡a todo el gobierno le importa poco o nada lo que piense o crea la ciudadanía! No es posible que a cualquier funcionario, independientemente de su nivel -y más en tratándose de un subsecretario- le importe nada la imagen de su jefe.
Peor aún es que el propio gobernador tolere este tipo de circunstancias que sólo denotan un elevado nivel de “influyentismo” -al menos eso obligan a pensar-, a menos, claro, que todo se hubiera tratado de una broma de mal gusto, y que Villanueva Marrufo sólo hubiera estado “jugando” a los bandidos y ladrones con la persona solo identificada como “guiador de una Nissan”.
En caso contrario, sólo podríamos suponer que éste último habría sido “convencido” de NO interponer denuncia, ya que, como habían ocurrido las cosas, se habría tratado de una tentativa de homicidio que, conforme al Código Penal del Estado, significaría las dos terceras partes de entre 10 a 25 años de prisión.
Respecto al tema de la pistola, conforme al artículo 9º de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, pueden poseerse o portarse, en los términos y limitaciones establecidas de esa Ley, pistolas semiautomáticas calibre no superior al .380 (9mm.), excepto las .38 Super y .38 Comando; como en calibres 9 mm, las Mausser, Luger, Parabellum y Comando, así como los modelos similares del mismo calibre de las exceptuadas, de otras marcas.
Así pues, de ser cierto que se le decomisó una pistola .380, no habría tenido mayores problemas si posteriormente comprobó su propiedad, aunque sí asombra la celeridad como se aclaró supuestamente el tema, y más aun la celeridad con la que la policía estatal o municipal, o bien la Fiscalía lo puso en libertad… bueno, si es que estuvo detenido.
Otro aspecto que llama la atención es el documento que envió el funcionario al medio informativo, ya que, para cualquiera que saber leer “entrelíneas”, se trataría de una velada amenaza de interponer una denuncia formal ante los tribunales que, de ser legalmente procedentes, no estaríamos hablando de unos cuantos pesitos de indemnización, sino de una “lanota” que no podría desembolsar cualquier periodista.
En este sentido, nos preguntamos, ¿dónde están los ofrecimientos de Carlos Joaquín en el sentido de respetar y hacer respetar la libertad de expresión? Ya nos imaginamos dónde: En el mismo sitio donde ha puesto todas sus promesas de campaña, por lo que no existen grandes esperanzas respecto a la prensa, sino una abierta incertidumbre jurídica.
No obstante, si de algo sirvió esa advertencia de Villanueva Marrufo es que los compañeros del gremio habrán de ser más cautos, sobre todo en el manejo de la imagen de cualquier persona, ya que, trátese de quién se trate, uno de los objetivos de Constitución y de los tratados de los que México forma parte, es precisamente la protección de los derechos humanos.
Con todo, creemos, el tema de los funcionarios, en su carácter de servidores públicos, al servicio del pueblo -al menos en teoría-, es un caso muy especial, al igual que el de los políticos, ya que, si bien la membresía tiene sus privilegios, también tiene sus costos. Si estuvieran en casita trabajando en lo suyo, creemos, ¡nadie los molestaría!
(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)
*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 43 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.
Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con cinco Diplomados, dos de ellos en materia de Juicio de Amparo, Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 20 Seminarios, Talleres y Cursos diversos.
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