TULUM.— La disputa por el acceso a la playa pública dentro del Parque Nacional de Tulum volvió a encenderse luego de que la empresa GAFSACOMM, ahora operada bajo el nombre Grupo Mundo Maya, incumpliera los acuerdos establecidos con el ayuntamiento, lo que ha generado indignación entre ciudadanos locales y visitantes.
De acuerdo con lo pactado en meses anteriores, la compañía debía permitir el ingreso gratuito a residentes de Tulum que presentaran su credencial oficial, así como a turistas nacionales durante determinados días. Sin embargo, estos compromisos dejaron de cumplirse: se impide la entrada a los habitantes locales y se desconoce la validez de credenciales de residentes extranjeros, provocando un clima de hartazgo social.
El presidente municipal Diego Castañón Trejo confirmó que los acuerdos fueron rotos y acusó a la empresa de no respetar lo pactado tras numerosas mesas de trabajo.
“Lo que uno dice con la boca se sostiene. A mí no me interesa si se enojan, porque este acuerdo es para beneficio de los ciudadanos de Tulum. La gente está cansada y con toda la razón del mundo. Los acuerdos se tienen que respetar”, afirmó.
Castañón explicó que ante la negativa de la empresa se impulsa una iniciativa federal que busca establecer en la ley el acceso libre y gratuito a las playas y áreas naturales protegidas de todo el país, al menos un día a la semana y durante los días festivos.
“El objetivo es que no solo los tulumnenses, sino cualquier ciudadano, pueda disfrutar de las playas sin pagar al menos una vez a la semana. Las playas son del pueblo y deben ser para el pueblo”, sostuvo.
El edil recordó que se realizaron más de diez reuniones con GAFSACOMM para resolver el problema de manera local, pero las quejas ciudadanas contra la administración del parque se multiplicaron.
“Nos piden que limpiemos las playas, pero al mismo tiempo no dejan entrar a la gente. Eso no es justo. Como presidente voy a defender a Tulum y no vamos a permitir que se siga marginando al pueblo de sus propias playas”, advirtió.
La iniciativa legislativa también busca favorecer a los habitantes de otros estados del país donde existen áreas naturales protegidas bajo concesiones privadas. De aprobarse, se pondría fin a conflictos como los que enfrenta Tulum, garantizando el derecho de los ciudadanos a disfrutar de los espacios naturales sin barreras económicas.
