El «caso Koldo» es una trama política y empresarial que, supuestamente, aprovechaba la compra de mascarillas durante la pandemia para llevarse altas comisiones de dinero
Las autoridades españolas descubrieron, a través de la «Operación Delorme», conocida también como «caso Koldo», un entramado político y empresarial que aprovechaba la compra de mascarillas durante la pandemia para llevarse altas comisiones de dinero. Ahora, las investigaciones del periódico español The Objective, han encontrado que las relaciones entre la trama Koldo y Jorge Brizuela Guevara, fundador de Pronalab, empresa que supuestamente se dedicaba a limpiar el dinero en la República Dominicana, eran más estrechas de lo que se pensaba.
República Dominicana ha sido usada como centro de las operaciones de blanqueo llevadas a cabo tras el pelotazo de las mascarillas. De acuerdo con los datos recabados por The Objective, en la Oficina de Propiedad Industrial de República Dominicana, Ignacio Díaz Tapia y César Moreno García, participan en distintas sociedades con diferentes objetos sociales.
Según ésta investigación, uno de sus principales implicados, Koldo García, exasesor del exministro socialista de Transportes, José Luis Ábalos, habría enviado considerables sumas de dinero en efectivo desde la República Dominicana y Miami, según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil española, fechado a 22 de febrero.
Lo último, como se ha indicado antes, es que las relaciones entre la trama Koldo y Jorge Brizuela Guevara «El Venezolano», eran más estrechas de lo que se pensaba. Como ha descubierto el periodista español Fernando Tadeo en el medio «The Objective», Pronalab estaba dirigido por Ignacio Díaz Tapia, uno de los colaboradores «más estrechos del cabecilla», refiriéndose a Víctor Aldama, el que supuestamente comandaba el entramado y está imputado en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional española.
El documento presentado por The Objective muestra una convocatoria para la asamblea general de accionistas, correspondiente al ejercicio fiscal de 2021, y fechado a 2 de julio de 2022, unos meses después de las comunicaciones intervenidas por la Guardia Civil.
En la convocatoria, se destaca el punto donde se incluye la determinación de «un posible reparto de dividendos por los beneficiados cosechados», como indica el medio español, y el nombramiento de una nueva gerencia por el periodo de 1 año, o hasta que haya sucesores.
Ignacio Díaz Tapia, pieza central de la trama Koldo, es el encargado de rubricar la convocatoria, por lo que su implicación en el laboratorio dominicano era más esencial de lo que se creía.
Tapia, miembro de la red de Aldama, también aparece como dueño de otra firma en RD, Reusa, de acuerdo con el Registro de la Propiedad Industrial del país. El entramado de corrupción de las mascarillas tiene un total de cinco empresas en tal mercado, que ha sido fundamental para el desvío de fondos y donde Ábalos ha viajado en innumerables ocasiones.
Pronalab
Pronalab fue creado por Jorge Brizuela Guevara, empresario, exmilitar y agente secreto de Venezuela, con vínculos con la mafia rumana de Quintana Roo (México), según archivos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Secretaría de Defensa Nacional de México.
Éste obtuvo contratos millonarios a través de Pronalab en el estado de Quintana Roo. Su clínica, asociada al «caso Koldo», fue beneficiada con al menos un contrato valorado en 30 millones de euros, destinado a la instalación de carpas para el tratamiento de pacientes afectados por el COVID-19.
Situada cerca del malecón capitalino, en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), su actividad está señalada como de «servicios de laboratorios clínicos» y la clínica tiene dos registros: el primero el 24 de marzo de 2021, con fecha de vencimiento para el mismo día en 2031, y con Ignacio Díaz Tapia como titular y Juana de los Santos Álvarez como gestora. El segundo es del 17 de febrero de 2022, con vencimiento el mismo día del 2032, con el mismo titular, Díaz Tapia, pero Francesca Marie Molina como gestora.
Tras la fachada de un edificio abandonado y en desuso en una calle con tráfico continuo, ésta clínica asociada al «caso Koldo», fue beneficiada con al menos un contrato valorado en 30 millones de euros, destinado a la instalación de carpas para el tratamiento de pacientes afectados por el COVID-19.
De acuerdo con el periódico El Español, la responsable de trasladar a Madrid fajos de dólares y distribuir miles de euros en efectivo en República Dominicana fue Aránzazu Granell Barbadillo, empleada de la clínica y los laboratorios Pronalab, en Santo Domingo.
Fuente: Diario Libre.
