* Desapariciones y asesinatos calificados como crímenes contra la humanidad.
* Demandar que el estado cumpla con su parte del contrato social.
* Inseguridad en Quintana Roo ha mantenido alarmada a la ciudadanía, que vive en un estado de psicosis y ha obligado a los vecinos a organizarse para asumir el papel de policía.
* A un paso de que la ciudadanía pida el derecho a portar armas para su legítima defensa.
Por Salvador Pérez Hernández. Los crímenes perpetrados en la Cd. de Iguala Guerrero son según la Organización de Naciones Unidas; “los sucesos más terribles de los tiempos recientes” y Amnistía Internacional emite 8 recomendaciones; en las que se solicita que el gobierno federal esclarezca los hechos y otorgue garantías de que se hará justicia y no se vuelvan a repetir estos abusos. Abusos que son un reflejo de la barbarie con que actúa el crimen organizado, y que es un cáncer que está consumiendo al país y que de no erradicarse se propagara al resto de la nación y logrará el colapso del estado mexicano.
El secuestro y probable ejecución de 43 normalistas, así como el homicidio de 7 personas más en Iguala Guerrero a manos de la policía municipal y estatal en coordinación con el crimen organizado, demuestran el grado de impunidad que induce a la soberbia y frivolidad de caciques locales, tanto del crimen organizado como de gobiernos municipales que exhiben una vinculación estrecha que les permite operar a nivel municipal y estatal, al mismo tiempo que demuestran la falta de protocolos federales para enfrentar inmediatamente hechos delictivos de esta magnitud y que son calificados como crímenes contra la humanidad.
Quintana Roo debe estar alerta a estos sucesos que han indignado y horrorizado a nivel nacional e internacional, ya que si se siguen tolerando estas condiciones criminales, en las que autoridades municipales estuvieron coludidas o controladas por el crimen organizado, y que de seguir una falta de control estatal de la delincuencia, sumado al enfrentamiento entre los cárteles y la impunidad con que operan, podría ser un caldo de cultivo de eventos trágicos como el de Iguala.
Más allá de que se destituye o no al Gobernador de Guerrero, este asesinato en masa de estudiantes normalistas por parte del estado, es una afrenta que ha indignado profundamente al país, y este chorro de agua contiene a la gota que ha derramado el vaso, por esta razón la sociedad debe de poner atención y demandar que el estado cumpla con su parte del contrato social, aplicando la autoridad política y restableciendo el orden social.
Las manifestaciones de inconformidad han estallado tanto en la Cd de México como en todo el país y ciudades en el extranjero, como Barcelona, Madrid, Buenos Aires y Múnich, al mismo tiempo que Amnistía Internacional ha emitido una serie de recomendaciones para poner fin a los abusos a los derechos humanos perpetrados en Iguala.
En Quintana Roo la sociedad se entera cada día de los atracos, homicidios, secuestros y ejecuciones que se llevan a cabo consuetudinariamente, lo que ha mantenido alarmada a la ciudadanía, que vive en un estado de psicosis, y los padres de familia tienen que enfocar esfuerzos y recursos para proteger a sus integrantes y patrimonio.
La situación de inseguridad ha obligado a los vecinos a organizarse para asumir el papel de policía que corresponde al estado, por lo que han tenido que fortificar casas, manzanas y colonias, contratando seguridad privada, ciudadanía que pretende defender con la fuerza vecinal a las personas y sus bienes, por lo que se está a un paso de que la ciudadanía pida el derecho a portar armas para su legítima defensa, ya que la afectación al derecho a la vida y el derecho patrimonial violenta el estado de Derecho y a las garantía ciudadanas e individuales.
