Por Redacción
La investigación de N+ Focus, elaborada por los periodistas Alejandro Melgoza y Williams Castañeda, no solo documenta un esquema de tráfico ilegal de combustible: revela, con crudeza, el tamaño de la corrupción estructural que permea instituciones clave del Estado mexicano.
Durante al menos cinco años, una red integrada por empresarios, funcionarios públicos y presuntos elementos de las Fuerzas Armadas habría operado con un nivel de coordinación que difícilmente puede explicarse sin complicidad institucional. El dato es contundente: millones de litros de combustible ingresaron ilegalmente al país bajo la figura del llamado “huachicol fiscal”, un mecanismo que no solo evade impuestos, sino que golpea directamente a las finanzas públicas.
De acuerdo con especialistas, el impacto económico de este delito podría alcanzar los 500 mil millones de pesos, es decir, cerca del 2% del Producto Interno Bruto. No se trata de un problema marginal, sino de una fuga sistemática de recursos que debilita al Estado.
La investigación apunta a una red compleja en la que participan empresas estadounidenses como proveedoras, compañías mexicanas encargadas de la importación y logística, y transportistas que movilizan el combustible dentro del país. Sin embargo, el elemento más preocupante no es la estructura empresarial, sino la presunta participación de autoridades.
En este contexto, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) emerge como un punto crítico. Documentos refieren que, durante la gestión del general André Foullón, ingresaron al menos 20 buques a Tampico con combustible ilegal declarado como “aceites”, sin que se detectaran irregularidades.
Pero los señalamientos no se detienen ahí. La continuidad del esquema durante la actual administración coloca bajo presión al actual titular de Aduanas, Rafael Marín Mollinedo, ya que, de acuerdo con la investigación, el ingreso de buques vinculados a esta red persistió durante su gestión, incluyendo al menos 10 embarcaciones en el primer mes de operación de su equipo.
Este dato abre cuestionamientos sobre la eficacia de los controles implementados por la actual administración y si existieron omisiones, fallas operativas o tolerancia dentro del sistema aduanal.
Las aduanas, que deberían ser el principal filtro contra este tipo de ilícitos, aparecen como puntos clave de la corrupción. Puertos estratégicos como Tampico, Manzanillo, Lázaro Cárdenas o Veracruz no solo permitieron el ingreso del combustible, sino que, según los documentos, lo hicieron bajo esquemas de sobornos millonarios. Tan solo en Tampico, en un año, la corrupción habría superado los 24 millones de pesos.
La presunta implicación de mandos de la Marina, operadores civiles con control sobre funcionarios aduanales y personal vinculado a la operación aduanera refuerza la hipótesis de una red con capacidad de infiltración institucional.
Aunque existen órdenes de aprehensión contra algunos empresarios, la investigación plantea un desafío mayor: esclarecer el nivel de responsabilidad de funcionarios públicos en activo y exfuncionarios, así como determinar si hubo encubrimiento o negligencia.
El caso del huachicol fiscal vuelve a evidenciar la fragilidad de los mecanismos de control en puntos estratégicos del país y coloca en el centro del debate la rendición de cuentas dentro de las instituciones encargadas de vigilar el comercio exterior.
Porque más allá de los nombres, lo que está en juego es la credibilidad del sistema aduanero mexicano. Y hoy, esa credibilidad está seriamente cuestionada.
