Nicolás Bravo.-Con un costo de aproximado de 56.3 millones de pesos (al menos es lo oficial) y un proceso de construcción que ha durado casi 10 años, el Hospital de Nicolás Bravo es la prueba más clara de que la corrupción sigue siendo la que gobierna en Quintana Roo.
Desde la administración del hoy preso Roberto Borge Angulo hasta el autoproclamado “gobierno del cambio” de Carlos Joaquín González, la promesa de un mejor servicio de salud para casi la mitad del municipio de Othón P. Blanco seguirá siendo eso: solo una promesa.
A casi 10 años y dos administraciones, hasta hoy la alcaldía de Nicolás Bravo solo admira todos los días, un edificio abandonado que sólo sirvió para que ex funcionarios y funcionarios actuales continúen saqueando y desviando millonarios recursos del erario.
Basta con desglosar los 56.3 millones que “oficialmente” ha costado el edificio, que se supone iba a ser uno de los centros de atención Covid-19, al menos así lo vendieron el año pasado, para pedir más dinero al gobierno de la 4T, que se ha vuelto cómplice de la corrupción en las dependencias estatales, como la Secretaría de Salud.
¿Cuánto dinero ha costado el edificio que hasta hoy no funciona?
El 11 de febrero del 2012, el entonces gobernador de Quintana Roo Roberto Borge Angulo puso la primera piedra del proyecto para beneficiar a más de 10 mil habitantes de 43 comunidades. De ese año hasta el 2015, la obra tuvo un costo de 25.9 millones de pesos.
En ese último año (2015), fueron 13 millones 480 mil pesos, con lo cual se logró concluir el edificio. En ese mismo periodo, se gastó de manera adicional 999 mil 999 pesos para el supuesto equipamiento, utilizando parte de la millonaria deuda pública, aunque todo fue una simulación.
Así quedó evidenciado cuando la Auditoría Superior de la Federación emitió los resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2015.
“Durante la visita física a 21 obras pagadas con recursos del FISE 2015, se identificó que una obra ejecutada por los Servicios Estatales de Salud del Estado de Quintana Roo (SESA), denominada ‘Construcción del Hospital Comunitario de Nicolás Bravo’ (tercera etapa), por monto pagado de 13,480,000 de pesos, está concluida de acuerdo con lo contratado; sin embargo, no está en operación, debido a la falta del equipamiento y mobiliario para su operación, por lo que no está proporcionado el beneficio a la población objetivo del fondo”, reveló en aquel entonces el organismo federal.
La aportación de Carlos Joaquín a la corrupción de la obra
El 9 de junio de 2016, el gobierno de Borge enviaba sendos oficios a la ASF tratando de justificar los desvíos. Solo 3 días antes, Carlos Joaquín González se proclamaba virtual gobernador de Quintana Roo y una de sus principales promesas de campaña era castigar a los responsables de todos los actos de corrupción, incluyendo el caso del Hospital de Nicolás Bravo.
Sin embargo, solo cinco meses después de aquel histórico junio y a menos de dos meses de haber asumido el cargo, los funcionarios de Carlos Joaquín, firmaron otro contrato a través de la Secretaría de Salud, a cargo de Alejandra Aguirre Crespo, para “concluir” un edificio, que según la Auditoría federal ya estaba concluido y solo faltaba el equipo.
El contrato fue firmado el 9 de noviembre de 2016 con la empresa Proyecto Administración y Construcción Orgánica, S. A. de C. V. y el concepto fue: Trabajo de obra civil para el Hospital Comunitario de Nicolás Bravo (cuarta etapa), por un monto de 11.44 millones de pesos.
Es así que llegando a la administración estatal, en lugar de poner un alto a la corrupción, Carlos Joaquín aprovechó para inflar los números, ya que esa cantidad es seis millones más que el dinero que Borge contemplaba invertir para poner en operación las nuevas instalaciones (5 millones).
Por si no fuera poco, en 2018 el “gobierno del cambio” utilizó nuevamente el pretexto de que no estaba concluido el edificio, y adjudicó de manera directa un contrato por 4 millones 466 mil pesos a la empresa Anfall Mayoristas S. R. L. de C. V.
El concepto, en esta ocasión, fue la elaboración de la “Evaluación socioeconómica del proyecto de construcción y equipamiento del hospital de la comunidad de Nicolás Bravo”. El contrato duró solo un mes y el pago fue vía electrónica, aunque el contrato sigue sin ser transparentado con el argumento de está “en proceso de firma”.
¿En qué consiste la obra?
Según el proyecto presentado en su momento, el Hospital Comunitario tendría una superficie de 2 mil 104 metros cuadrados de construcción y contaría con:
- Servicios de urgencias y sala de expulsión
Centro de Equipos y Esterilización (Ceye)
Áreas de consulta externa con seis consultorios
Farmacia, Gobierno
Administración
Dirección
Trabajo Social
Seguro Popular (hoy INSABI)
3 camas de recuperación
Laboratorio
Otras instalaciones
Las promesas de CJ y la 4T
En noviembre del 2019, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador informó que invertirían 100 millones de pesos para los hospitales de Tulum y de Nicolás Bravo, para tenerlos totalmente operativos durante el 2020, cuando el Covid-19 no daba tregua a la salud y la economía.
Fue el propio subsecretario de salud Hugo López Gatell y el gobernador Carlos Joaquín González, quienes hicieron el anuncio, como una estrategia para garantizar espacios de atención a casos graves de Covid-19.
Específicamente, en el caso de Nicolás Bravo el monto era de 31.8 millones según el acuerdo O.III.120/0919 autorizado por el Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud.
Al haber sido programado en los últimos meses de 2019 no se otorgó el dinero, por lo que el dinero sería reprogramado para el siguiente año.
Durante 2020 en plena pandemia, el gobierno del Estado señaló que el hospital comunitario de Nicolás Bravo sería habilitado como un nosocomio Covid, pero en lugar de eso el gobierno de Carlos Joaquín decidió rentar carpas móviles a través de millonarios contratos que benefició a unos de sus amigos.
El reclamo de los habitantes de Nicolás Bravo sigue
Lorenzo Varguez Canul, representante del Comité Pro-defensa de los Límites de Quintana Roo, señaló que este hospital comunitario es de vital importancia debido a que servirá para dar atención a 43 comunidades, que representan poco más del 50% de las 85 comunidades del municipio de Othón P. Blanco.
Sin embargo, lamentó que ninguna de las administraciones estatales y federales se haya preocupado por poner en marcha esta unidad médica, pese a que por esa zona pasará las vías del tan prometido Tren Maya, uno de los proyectos más ambicioso de la Cuarta Transformación.
Por su parte, los habitantes piden a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que indague e investigue nuevamente las inversiones, porque la fachada del hospital y muchas áreas fueron construidas con tablaroca, por lo que con las lluvias ya hay varias partes dañadas.
Incluso, piden la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador para revisar la obra que lejos de beneficiar a la población en materia de salud, solo ha beneficiado los bolsillos de unos pocos.
