Chetumal, Quintana Roo.- La prescripción de las investigaciones contra los colaboradores cercanos del exgobernador Roberto Borge Angulo por un desfalco multimillonario de más de 7 mil millones de pesos es un golpe duro para la justicia en Quintana Roo. Este boquete financiero, que resultó de la malversación de fondos públicos entre 2011 y 2016, refleja no solo la magnitud de la corrupción en la administración borgista, sino también la ineficiencia y falta de ética de los funcionarios de la pasada administración de Carlos Joaquín González, quienes, por omisión, permitieron que estos crímenes prescribieran.
En una conferencia de prensa, Reyna Arceo Rosado, titular de la Secretaría de la Contraloría Estatal (SECOES), dejó en claro que no se presentaron denuncias penales a tiempo, lo que ha imposibilitado la recuperación de los recursos desviados. Según Arceo Rosado, la administración actual de Mara Lezama heredó 513 expedientes de responsabilidades administrativas, de los cuales, 184 aún estaban activos. No obstante, a pesar de las sanciones administrativas impuestas a 65 exfuncionarios, los delitos mayores ya no podrán ser perseguidos penalmente.
Esta falta de acción resalta la ineficacia del aparato gubernamental anterior para actuar contra la corrupción. Aunado a ello, la propia SECOES fue cómplice al no actuar con la debida diligencia, dejando prescribir delitos graves que afectan áreas clave como la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), donde se registró un desvío de más de 526 millones de pesos, y la Secretaría de Finanzas y Planeación, con irregularidades de 483 millones de pesos.
Impunidad bajo la sombra de Borge y Joaquín
Este episodio no solo expone la corrupción del gobierno de Borge, sino también la profunda conexión entre esta administración y la de Carlos Joaquín. Aunque el actual consejero jurídico del Estado, Carlos Felipe Fuentes del Río, aseguró que Joaquín González no está implicado directamente en estos delitos, el hecho de que su administración permitió la prescripción de los mismos lo coloca bajo un manto de sospecha. Mientras los altos funcionarios evaden consecuencias penales, el pueblo de Quintana Roo se queda con la deuda de los actos corruptos y la promesa vacía de justicia.
Si bien el gobierno de Mara Lezama promete una transformación en el manejo de los recursos y combate a la corrupción, las consecuencias irreversibles de la falta de acción de sus predecesores seguirán afectando al estado por mucho tiempo. Aunque se han implementado cambios administrativos y 47 exfuncionarios han sido inhabilitados, queda la sensación de que, una vez más, la corrupción en Quintana Roo prevalece sobre la rendición de cuentas.
La pregunta clave es: ¿hasta cuándo la administración actual y futuras permitirán que los responsables de delitos de corrupción evadan la justicia? La sociedad exige respuestas y acciones contundentes, pero hasta ahora, los actos hablan más que las palabras.
La impunidad se cierne sobre Quintana Roo, y mientras los ciudadanos enfrentan las consecuencias de estos desfalcos, los responsables continúan moviéndose en las sombras del sistema, protegidos por las mismas leyes que deberían haber garantizado su castigo.
