El llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum a los gobernadores para asumir su responsabilidad en materia de seguridad pública no solo es oportuno, sino esencial en el contexto actual de violencia que atraviesa el país.
Durante la reciente sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, realizada en el Centro de Convenciones Mundo Imperial en la zona Diamante de Acapulco, Sheinbaum dejó claro que la responsabilidad no recae únicamente en el gobierno federal, sino que requiere la participación decidida de los mandatarios estatales.
En este marco, la presidenta subrayó que los gobernadores deben ser los primeros en garantizar la seguridad en sus territorios, implementando estrategias locales eficaces que complementen los esfuerzos nacionales. La reunión destacó la importancia de la colaboración entre los distintos niveles de gobierno, pero también puso en evidencia las brechas que aún persisten en varios estados.
Los datos no dejan lugar a dudas: a pesar de los esfuerzos de la Guardia Nacional y de la inversión federal en seguridad, algunos estados han registrado incrementos alarmantes en delitos de alto impacto. Guanajuato y Zacatecas, por ejemplo, se mantienen como focos rojos de la violencia, reflejando la falta de estrategias locales robustas.
El mensaje de Sheinbaum es contundente: no basta con esperar recursos y personal desde la Federación; los gobiernos estatales deben asumir un papel activo en la protección de sus ciudadanos. Esto incluye fortalecer a las policías estatales, coordinarse con las fuerzas federales y, sobre todo, establecer políticas de prevención del delito que vayan más allá de lo reactivo.
La seguridad pública no puede depender únicamente de un gobierno central. Los gobernadores tienen el mandato constitucional y la obligación moral de velar por la tranquilidad de sus habitantes. No hacerlo no solo perpetúa el ciclo de violencia, sino que mina la confianza de la población en sus autoridades.
En el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la presidenta marcó un precedente al enfatizar que la seguridad no es un favor que los gobiernos ofrecen a los ciudadanos, sino un derecho que debe garantizarse sin excusas. La pregunta es: ¿están los gobernadores listos para asumir este reto? Ojalá este mensaje sea el detonante de un cambio real y no una promesa más que quede en el olvido.
