Visión Intercultural Francisco J. Rosado May fjrmay@hotmail.com
“Extraño los días cuando no nos preocupamos por dejar la casa sin candado”
Esta expresión se escuchó un domingo en una cabecera municipal cuando en el parque un par de ciudadanos llamaron a gritos a la policía para notificarles que habían identificado a una persona que les había robado. Imer “N” caminaba con una maleta, quizá estaba por salir del pueblo. Le pidieron al sujeto una identificación, no tenía. Por la insistencia de los ciudadanos, la policía lo llevó a los separos indicando que solo lo podían retener por 36 horas y que era importante que la Fiscalía intervenga.
Solo uno de los afectados había puesto su denuncia en la Fiscalía, los demás no lo habían podido hacer porque cuando fueron les dijeron que no los podían atender. La Fiscalía no tenía personal completo porque varios tenían covid-19.
Con el ladrón en los separos las víctimas de robo presionaron a la Fiscalía para que tome las denuncias. Así se hizo el domingo y lunes. Cada una de las víctimas tuvo que invertir entre 5 y 8 horas en total por una simple diligencia. Por un lado, el poco personal en la fiscalía; por otro, el internet no es robusto para los trámites en línea.
El lunes a mediodía, vecinos avisaron que la policía había liberado al ladrón; se movilizaron y lograron que la policía nuevamente lo detenga por otras 36 horas.
Las víctimas fueron informadas que después de las denuncias la Fiscalía tendría una audiencia con un juez para que, si así lo considera, pueda emitir la orden de aprehensión del sujeto. Esto podría llevar días. También dijeron que cada caso se trataría por separado. Aunque los vecinos insistieron en que es un buen número de personas a quienes Imer “N” había robado, ya había 4 denuncias formales, no había forma de configurar un delito cometido por la misma persona identificada por varios vecinos. Imer “N”, también conocido como Julio, ingresó al pueblo burlando el cerco sanitario contra el covid 19, procedente de Tulum, originario de Tabasco.
Ni la insistencia de las víctimas, ni la irregularidad por la presencia del supuesto delincuente, ni la identificación por parte de las víctimas, ni la falta de documentación de identificación, fueron suficientes para poner bajo resguardo seguro al sujeto.
Otras víctimas de robo, al menos 5 personas más, no se presentaron a denunciar; argumentaron que el tiempo que tendrían que invertir, las molestias y las amenazas por parte del delincuente, eran mucho mayor que el costo del bien que les fue robado.
Quienes se tomaron la molestia de seguir los pasos que dijeron los fiscales, fueron informados que Imer N saldría de prisión el miércoles en la mañana, mucho antes que la fiscalía terminara sus procedimientos. La policía lo dejó ir aun sabiendo que muchos vecinos lo identificaron como el autor de robos de sus propiedades. Algunos vecinos estuvieron pendientes del movimiento del ladrón para tenerlo ubicado para cuando la fiscalía tenga la orden de aprehensión, pero no pudieron lograrlo; pareciera que el delincuente contó con la protección de la policía para abandonar la población, con su pareja, en un taxi.
Todo parece indicar que la policía considera cumplida su obligación al percatarse que el delincuente abandona la población. O sea, no importa que cometa fechorías en otra comunidad, no hay forma de rastrearlo ni de compartir información con policías de otras comunidades.
Lo anterior es uno de cientos ¿o miles? de casos en todo el país. La frustración se acumula entre la gente y llega el momento en que los delincuentes son linchados. Después del sonado caso de la combi en el centro del país, El Financiero (2020/08/14) reportó una encuesta y encontró que el 68 % de opiniones se manifestaron a favor de los que golpearon al delincuente y el 61% está a favor de la justicia por mano propia.
La organización México Evalúa presentó información de 2018 señalando que el índice de impunidad de delitos denunciados ante el ministerio público, es decir la proporción de casos que son conocidos, pero no son satisfactoriamente resueltos por la poder judicial, en este caso, federal, es de 94.6%. No tenemos datos similares para el estado, pero no sería nada raro que la tendencia sea la misma (Milenio, 2020/08/24).
¿Adonde hemos llegado? Los linchamientos seguirán aumentando en tanto siga la corrupción, la injusticia y la impunidad. Los 3 niveles de gobierno deben prestar atención.
¿Mejorará la justicia o el síndrome de la combi se extenderá en cada comunidad? Hasta ahora los malos van ganando.
Cualquier parecido con la realidad, es mera coincidencia.
