Tulum, Q. Roo. – La inconformidad social en Tulum volvió a detonar luego de que la empresa GAFSACOMM, actualmente operada bajo el nombre de Grupo Mundo Maya, incumpliera los acuerdos establecidos con el ayuntamiento para permitir el libre acceso a la playa pública dentro del Parque Nacional Tulum.
De acuerdo con lo pactado en diversas mesas de trabajo, los residentes del municipio podían ingresar gratuitamente presentando su credencial oficial, mientras que los turistas nacionales tendrían acceso sin costo ciertos días de la semana. Sin embargo, estos compromisos fueron desconocidos por la empresa, lo que derivó en que se negara la entrada incluso a locales y residentes extranjeros con documentos oficiales.
Reacción del municipio
El presidente municipal, Diego Castañón Trejo, confirmó la ruptura de los acuerdos y aseguró que el gobierno local agotó las instancias de diálogo.
“En un inicio cumplieron, pero después dejaron de respetar lo pactado. Hoy la gente está cansada. Como presidente tengo la responsabilidad de buscar otras instancias y garantizar que se respeten los derechos de los tulumnenses”, expresó.
Escalada al ámbito federal
Ante la falta de soluciones, Castañón viajó a la Ciudad de México acompañado por la gobernadora Mara Lezama, donde sostuvieron reuniones con el coordinador parlamentario Ricardo Monreal. De estos encuentros surgió una iniciativa que será presentada en la Cámara de Diputados, para que por ley se garantice el acceso gratuito a todas las áreas naturales protegidas del país un día a la semana —sábado o domingo—, además de los días festivos.
“Lo que buscamos es que no solo los tulumnenses, sino cualquier ciudadano del país, pueda disfrutar de las playas sin pagar al menos una vez a la semana. Las playas son públicas y deben ser para el pueblo”, sostuvo el edil.
Quejas ciudadanas y antecedentes
El presidente municipal recordó que se realizaron más de diez reuniones con la empresa para resolver el conflicto a nivel local, sin éxito. La negativa de la compañía a respetar los acuerdos generó múltiples quejas, obligando al municipio a escalar el caso.
“Hay muchísima queja contra esta empresa, no han respetado lo que se pactó. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para que se garantice el acceso libre, porque las playas son del pueblo”, advirtió.
Impacto regional y nacional
La iniciativa legislativa tendría efectos más allá de Tulum, pues Quintana Roo concentra más del 30% de su territorio en áreas naturales protegidas. Además de resolver el conflicto en el Parque del Jaguar, el proyecto busca garantizar equidad y acceso a las playas de todo México, beneficiando tanto a comunidades locales como a turistas nacionales.
De aprobarse, la medida pondría fin a los constantes conflictos por la administración privada de espacios costeros y sentaría un precedente en favor del derecho ciudadano al disfrute de los bienes nacionales.
