El presidente de la Gran Comisión, diputado José Luis Toledo Medina, impulsó esta propuesta que busca fortalecer los órganos encargados de velar por la transparencia en el ejercicio del erario.
Una vez aprobada por la Décimo Cuarta Legislatura, toca el turno de los cabildos del Estado avalar la reforma y respaldar con ello la transparencia y rendición de cuentas.
Chetumal, Quintana Roo a 02 de noviembre de 2014.- La Décimo Cuarta Legislatura aprobó la homologación de las leyes locales al marco jurídico federal para fortalecer el ejercicio del derecho de acceso a la información a través de un órgano autónomo, imparcial y colegiado, informó el diputado José Luis Toledo Medina, Presidente de la Gran Comisión del Congreso de Quintana Roo.
La reforma constitucional incorpora como sujetos obligados a los partidos políticos y sindicatos para que transparenten el destino de sus recursos, “se amplía el catálogo de sujetos obligados directos, es decir cualquier autoridad entidad, órgano, y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, fideicomisos, que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad tendrán que rendir cuentas a los ciudadanos”, explicó.
Con esta reforma, que fue turnada a los diez Ayuntamientos de Quintana Roo para su aprobación correspondiente, la Constitución local se alinea a los preceptos federales vigentes en materia de transparencia y derecho de acceso a la información, establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Toledo Medina, explicó que ahora los órganos garantes de estos derechos serán autónomos, especializados, imparciales y con una toma de decisiones colegiadas, y se denominará: Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo.
Esta reforma, que fue analizada por las comisiones de Puntos Constitucionales y Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, incorpora a los servidores públicos del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, al régimen público de responsabilidades y, de igual forma, a los integrantes de la Junta de Gobierno como sujetos a Juicio Político.
“Esto lo hacemos bajo la premisa de que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión público, debe responder por aquellos actos u omisiones que afecten el buen despacho de su encomienda en perjuicio de la sociedad”, explicó.
