Por Raúl Montero
Fue en 1992 que se aprobó la Ley de Aguas Nacionales, vigente actualmente en el Congreso de la Unión, donde a finales de este 2018 se aprobará una nueva ley en esta materia, 26 años después.
Es por ello que, explicó Enrique Burton, coordinador de la Asamblea Social del Agua en Solidaridad, hay un movimiento a nivel nacional para recabar firmas que inciden en la aprobación de la nueva Ley de Aguas Nacionales, porque en este momento “hay dos iniciativas en el Congreso, una por parte del gobierno, de la CONAGUA, que básicamente apoya más la privatización de las aguas en todo el país y la otra iniciativa es impulsada por la sociedad civil y los académicos, que apoya la democratización del manejo del agua”.
Para esta última iniciativa, a nivel local en Playa del Carmen la Asamblea Social del Agua ha recabado hasta el momento 2 mil firmas y a nivel nacional “llevamos 200 mil firmas pero sigue abierto el periodo así que mientras más firmas recabemos en apoyo a la democratización del agua, será más probable que se apruebe”.
De aprobarse, explicó, lo que se busca es que “la decisión del manejo del agua caiga en manos de la ciudadanía junto a las autoridades correspondientes, a través de consejos ciudadanos que decidan en conjunto qué es lo mejor que hacer con el agua”.
En este sentido, destacó el caso del municipio de Solidaridad, en donde la empresa Aguakan es la que presta el servicio de agua potable y alcantarillado, “donde ya es bien conocida la forma oscura e innecesaria en que se hizo la privatización del agua y los malos resultados que ha dado a la población”.
