Chetumal.- Una familia chetumaleña acusó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de abusos y allanamiento, entre otras ilegalidades, luego de que agentes de la dependencia habrían ingresado a su domicilio, por la fuerza, sin su aval y sin orden de por medio, para obtener un vídeo de sus cámaras particulares de videovigilancia, dónde habría quedado registrado un eventual secuestro.
En declaraciones a los medios en una conferencia de prensa improvisada, los esposos Alejandro Álvarez y Lourdes Morales explicaron que los hechos sucedieron el jueves 9 pasado, a manos de elementos ministeriales, quienes al no esperar que la familia les abriera las rejas de su hogar, irrumpieron al predio, destruyéndolas, a su paso.
La familia dijo temer ahora por las vidas de sus integrantes, por represalias de las propias autoridades, o quizás, de la delincuencia que estaría involucrada en el supuesto «levantón».
“Habían entrado a mi casa hombres encapuchados con armas largas, eran como 30 personas afuera y entraron como seis y habían roto la puerta para ingresar y yo me espante porque no habíamos cometido ninguna irregularidad e ilícito.
Llegué a mi domicilio, luego de que mi esposa me habló, y veo mi casa acordonada, como si fuera un operativo de narcóticos y yo no hice nada”, afirmó Alejandro Álvarez.
En los alrededores había al menos 12 patrullas, resguardando el hogar de esta familia, a quienes la autoridad les solicitó las grabaciones de sus cámaras de vigilancia.
“Me sacan la orden de una juez de Chetumal de nombre Esperanza Trinidad Domingo Argüelles, porque la juez penal oral ya dio la orden para romper y sustraer mis equipos.
Para que exista este tipo de requerimientos tiene que haber un requerimiento previo y no fue así”, afirmó el también abogado al explicar sus motivos a la prensa.
Por esta situación hizo responsable a los elementos que participaron en este operativo y a la propia jueza de lo que le sucede a él y su familia, que ahora vive con el temor de que algo les suceda por dichas grabaciones que les fueron “arrebatadas” y que no pudieron ver, por la desesperación y apremio de los policías para obtenerlas.
Los daños causados, según el inconforme, fueron de al menos 13 mil pesos, ya que además de haberse sustraído los “cerebros” de grabación de las cámaras de vigilancia, les fue rota la puerta de su hogar.
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