CDMX.-La diputada federal, Dolores Padierna Luna ingresó un un Punto de acuerdo a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para exhortar a nueve gobernadores, entre ellos el de Quintana Roo, Carlos Joaquín González a ejercer el cargo que las y los ciudadanos de dichas entidades les han conferido.
El punto de acuerdo fue presentado el pasado 15 de los corrientes por Dolores Padierna Luna, exigiendo a los gobernadores de de los Estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán que asuman y ejerzan su cargo, privilegiando la unidad nacional, el federalismo y los principios constitucionales.
La Diputada Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, entre sus argumentos consideró que anteriormente, doce gobernadores han solicitado revisar la Ley de Coordinación Fiscal, y con una intensa campaña exige asignar mayores recursos económicos a las entidades federativas a su cargo.
Explica que el pasado 14 de junio, los gobernadores emanados del Partido Acción Nacional firmaron un posicionamiento en el que señalan la necesidad de un nuevo pacto fiscal.
Dichos gobernadores exponen que quieren gobernar desde lo local, en un contexto de mayores libertades y arguye a favor de modificar la fórmula de distribución contenida en la ley, lo que Padierna considera una cuestión poco solidaria, en un momento en que debe prevalecer la responsabilidad y unidad nacional.
“En este punto conviene exponer una serie de consideraciones al respecto. Mientras el Presidente de la República ha lanzado una fuerte estrategia contra la evasión y la elusión fiscal, no se observa que la mayoría de las entidades federativas utilicen toda su capacidad de recaudación, cuestión que es determinante para la asignación de las participaciones federales”, afirma en su Punto de Acuerdo.
Padierna afirmó que no basta la exigencia de incrementar los recursos que se asignan a las entidades federativas, sino que también influye la capacidad de las mismas en el cumplimiento de sus obligaciones, en particular, la de recaudación.
En la Ley de Coordinación Fiscal se establecen los criterios para determinar los recursos que la federación entrega a las entidades federativas y municipios, así como las fórmulas para distribuirlos.
Del total de ingresos del gobierno federal, sin incluir los de los organismos y empresas, alrededor del 50% se destinan al gasto federalizado, del cual el 42% corresponde a las participaciones (ramo 28) el 39% a las aportaciones ramo 33) y el 19% restante a otras transferencias.
Las participaciones se establecen en función de la recaudación federal participable que es una proporción de los ingresos tributarios y de los ingresos petroleros del gobierno federal. Por su parte las participaciones que se establecen son de alrededor el 27% de la recaudación federal participable.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, establece que de enero a mayo se pagaron un total de 402,927.9 millones de pesos por concepto de Participaciones a las entidades federativas.
Al respecto de la exigencia de diversos gobernadores de reformular el pacto fiscal es importante señalar que esta campaña no observa las consecuencias negativas de endurecer el tono de las declaraciones con respecto a este tema, en un momento en que no se puede soslayar la situación nacional que prevalece por la pandemia ocasionada por el COVID-19.
Además, no se ve en reciprocidad la actuación de los gobiernos locales en materia de recaudación, saneamiento y correcto manejo de las finanzas.
Por ello, Padierna Luna pidió en su punto de acuerdo que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un exhorto a los titulares del Poder Ejecutivo de los Estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán “a ejercer el cargo que las y los ciudadanos de dichas entidades les han conferido”.
El pinto único, exige que los mandatarios, entre ellos Carlos Joaquín González, privilegien la unidad nacional, el federalismo y los principios constitucionales, asumiendo su responsabilidad tanto en la recaudación que les corresponde como en el saneamiento y correcto manejo de las finanzas públicas locales.
