• Sistema político debe evitar que servidores públicos corruptos sólo cambien de silla para continuar delinquiendo: Alejandra Cárdenas
Playa del Carmen .-«El Instituto Nacional Electoral debe limitar, de manera efectiva, las aspiraciones políticas de servidores públicos sobre los que pesan investigaciones y señalamientos de malos manejos», afirmó Alejandra Cárdenas Nájera, presidenta del PRD en Solidaridad, luego de que se diera a conocer que la delegada de Profepa en Quintana Roo, Ludivina Menchaca Castellanos, dejó el cargo y expresó abiertamente que contenderá por una diputación.
No podemos permitir que se evada una responsabilidad, y que más ecocidios queden impunes, hay un procedimiento para sancionar a ex funcionarios y funcionarios en activo de la Profepa, que estuvieron involucrados en actos de corrupción al favorecer al megaproyecto Dragon Mart, y sobre los que también pesan otras denuncias por violentar el proceso de consulta pública del proyecto «Hotel Riviera Cancún», del Grupo Riu, afirmó.
Cárdenas Nájera fue clara al señalar que no se puede «premiar» a quienes han usado la autoridad para favorecer a empresarios, y que ahora se pretenda disfrazar como «un relevo constitucional» el deslinde de las omisiones que han causados daños irreparables a los recursos naturales de Quintana Roo, para posteriormente lanzarse como candidatos. Se quiere un marco legal anticorrupción con “tolerancia cero” a quienes manejen recursos públicos o, en su defecto, pueda influenciar en la decisión para entregar permisos o concesiones gubernamentales.
«La corrupción no puede ser la trinchera para ostentar cargos públicos, el sistema político debe blindarse para evitar que funcionarios actúen como ‘padrinos’ de proyectos que destruyen el patrimonio natural de nuestro país y que sólo cambien de silla para continuar delinquiendo. Ante esto, el Instituto Nacional Electoral debe ser claro al establecer las reglas de los procesos electorales y evitar dichas prácticas», señaló la presidenta del Comité Ejecutivo del PRD en Solidaridad.
Falta congruencia entre lo que la ley marca y la actuaciones, es lamentable que si se pretende sancionar a funcionarios, observemos cómo simplemente «dejan el cargo» y van por otro. Solamente del caso Dragon Mart, de 2013 a la fecha se presentaron más de nueve denuncias por parte de grupos ambientalistas y fueron devastadas casi 150 hectáreas de terrenos forestales, en un ecosistema costero donde habitan especies de flora y fauna protegidas por la Norma Oficial Mexicana 059, lamentó Cárdenas Nájera.
«En Playa del Carmen los ecocidios van en aumento, el hotel Paradisus es otro ejemplo, ahí sigue impune la remoción de más de 400 metros de vegetación. Es urgente establecer mecanismos autónomos de fiscalización contra la corrupción», concluyó.
