Chetumal.-En Quintana Roo, hay decisión y voluntad política del gobernador Carlos Joaquín para la lucha contra la corrupción y la impunidad, principalmente para la recuperación de los recursos robados y para que quienes atentaron contra el patrimonio de los quintanarroenses paguen con cárcel.
Santiago Nieto Castillo, próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), garantizó que en el nuevo gobierno federal habrá una mayor coordinación con las autoridades para castigar a los que atenten contra del patrimonio de los habitantes del estado y de México en general.
En Quintana Roo, se han llevado a cabo acciones contundentes contra la corrupción como las denuncias, detenciones y demandas en proceso en contra de servidores públicos corruptos.
Asimismo, se encuentran los aseguramientos de bienes apropiados de forma ilícita en favor de unos cuantos y en detrimento de la mayoría.
En Quintana Roo, se trabaja para corregir el rumbo del estado, más justo y con orden. En Quintana Roo, quien la hace la paga.
Santiago Nieto Castillo reconoció la decisión política del gobernador Carlos Joaquín en la lucha frontal contra la corrupción.
Nieto Castillo indicó que tiene que haber una mayor vinculación entre la federación y los estados para de esta manera combatir la corrupción.
Dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, deberá formar parte del Sistema Nacional Anticorrupción.
Sin embargo, destacó que lo más importante es que se logre una mayor coordinación entre las fiscalías de los estados con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Consideró que solamente de este modo se mejorará el intercambio de información y se podrán iniciar las investigaciones para que se puedan combatir los posibles casos de corrupción.
En este sentido, sostuvo que otro de los aspectos en los que se tiene que trabajar es en lograr la autonomía de las fiscalías de los estados.
Dijo que casos como los de los ex gobernadores de Quintana Roo, Chihuahua y Veracruz ponen de manifiesto la necesidad de que las fiscalías tengan mayor autonomía, pero sobre todo una mayor coordinación con la Auditoría Superior de la Federación.
