Playa del Carmen.- Al hacer uso del clásico albazo legislativo, diputados aprobaron que el periodo de la próxima gubernatura sea extendido a seis, y luego se dé una mini gubernatura de dos años, para homologarlo con las elecciones federales, y ya “encarrerados”, proponen que llegue a ocho, lo cual es inconstitucional y confirma que los diputados en lo último en que piensan es en los ciudadanos, denunció el Consejo Coordinador Empresarial.
“Se cumplen las sospechas de los quintanarroenses: los diputados de la XVI Legislatura, no son de fiar”, señalan.
En un comunicado, firmado por varias agrupaciones empresarios, se da a conocer que el pasado 22 de septiembre, el diputado Carlos Rafael Hernández Blanco presentó una iniciativa con el propósito de reformar artículos transitorios de los Decretos 100 y 97, con la finalidad de ampliar de cinco a seis años el próximo período para quien ocupe la gubernatura, y abre la posibilidad de un mini periodo para gobernar el Estado de 2028 a 2030.
De acuerdo con los empresarios, de proceder la propuesta, se rompería con la armonía ya establecida para que todas las elecciones en Quintana Roo sean concurrentes con la elección federal en 2027, lo que generará costos innecesarios, algo sin sentido, que demuestra que los legisladores actuaron atendiendo “intereses oscuros, personales y de grupo”.
Asimismo, destacan que la idea era que el dictamen pasara por las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, y de inmediato al Pleno del Congreso, para que ahí sea aprobada y pase a los Cabildos; porque se trata de una reforma constitucional que debería ser aprobada antes de este jueves siete de octubre.
Ante esta situación, se generó un fuerte debate entre los morenistas Luis Fernando Chávez, Edgar Gasca, Tepy Gutiérrez y Ericka Castillo, y con el verde ecologista José de la Peña, quienes acusaron a Reyna Durán de no participar en las comisiones.
Para los empresarios, más allá de ese debate, el proceso en comisiones fue tan apurado que en un principio se habló de aprobar una gubernatura de ocho años, algo inconstitucional.
Al final, se trató de un “error de dedo”, pero muestra cómo se estaban haciendo las cosas. La iniciativa en cuestión fue presentada por el diputado priísta Carlos Hernández.
Actualmente, la ley dice que la próxima gubernatura será de 2022 a 2027, y que así, quedarán homologadas todas las elecciones locales con las federales.
El CCE indica que analizará con sus abogados los recursos jurídicos que se puedan interponer para no permitir estos abusos por parte de los legisladores locales, que siguen omisos a escuchar las demandas de la ciudadanía.
“De nuevo nos pretenden sorprender con propuestas que carecen de un consenso social, y se rechaza rotundamente la iniciativa del diputado Carlos Hernández”, refiere el escrito.
Los empresarios lamentan que de nueva cuenta los diputados pretendan sorprender a los ciudadanos con propuestas que carecen de un consenso social, de una aceptación.
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