Por Armando Batún
Las cifras son contundentes y la descomposición, alarmante. El gobierno de Playa del Carmen ha revelado un posible daño patrimonial superior a los 148 millones de pesos como herencia de la administración encabezada por Lili Campos Miranda.
No se trata solo de un mal manejo contable ni de errores administrativos menores. Estamos hablando de 183 expedientes por presuntas faltas graves, vinculados directamente a la gestión pasada. De estos, 12 fueron turnados por la Auditoría Superior del Estado, y la gravedad se multiplica al conocer los montos y las áreas involucradas: desde la Unidad de Espectáculos, pasando por Servicios Municipales hasta Seguridad Pública. Son más de 148 millones que no encuentran explicación.
Esto ya no es un tema técnico: es un reflejo de cómo, cuando la administración pública se ejerce sin voluntad de transparencia, se convierte en una maquinaria de opacidad.
El hecho de que Lili Campos y su aliada cercana Kira Iris San estén hoy bajo la lupa y con posibilidad real de ser inhabilitadas, no es una persecución política ni un ajuste de cuentas: es, simplemente, la ley intentando hacer su trabajo.
El Ayuntamiento de Playa del Carmen a través de la contralora Cristina Alcérreca ha confirmado además la apertura de 36 nuevos expedientes durante el proceso de entrega-recepción.
Esto debería ser una señal de alerta, pero también de esperanza: hay mecanismos que están empezando a funcionar. Y si la ley alcanza esta vez a las responsables, tal vez empiece a construirse una nueva narrativa en la vida pública de Playa del Carmen: una en la que el poder rinda cuentas y los errores se paguen, no se premien con candidaturas o impunidad.
Hoy, más que nunca, se necesita memoria, vigilancia ciudadana y voluntad política. Porque si no se castiga lo que está mal, se termina por normalizar. Y Playa del Carmen no puede permitirse más años de simulación y silencio.
